La medida es en reclamo de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la eliminación de los topes en las asignaciones familiares, y se presenta como el corolario de un largo enfrentamiento de Moyano con la Casa Rosada que fue subiendo de tono en los últimos meses.
El paro y movilización a las 14 a la Plaza de Mayo fue resuelto en una reunión del Consejo Directivo de la CGT y en «solidaridad» con la medida de fuerza del sindicato de camioneros ratificada poco antes por Moyano, pese a que el sector logró un acuerdo de aumento salarial del 25,5 con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC).
Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), anunció la adhesión de unos 50 gremios moyanistas que «van a parar según modalidades de cada uno de los sectores para tratar de garantizar la concentración».
Precisamente, uno de los sectores más sensibles para la población es el transporte, aunque Schmid precisó que hoy a las 11 en una reunión de la CATT -que agrupa a los sindicatos moyanistas de transporte- cada rama decidirá «su modalidad de paro».
«Seguramente, a partir del mediodía va a haber cese de actividades», explicó el vocero de la central obrera en una conferencia de prensa en la histórica sede de Azopardo, donde además señaló que la CGT «descuenta la adhesión de amplios sectores».
Por otra parte, agregó que la central obrera realizará una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las acusaciones de «extorsión» y las denuncias penales que recibió por parte del Gobierno y presentará un proyecto de ley en el Congreso para avanzar desde allí en sus demandas por ganancias y asignaciones familiares.
«Hay una tendencia por parte del Gobierno a criminalizar la protesta social. Hay comentarios de funcionarios de que la protesta de la CGT es una actitud golpista. Pero es una terminología irresponsable porque en ninguno de los casos la CGT
ha fijado posiciones que pongan en riesgo la institucionalidad del país», indicó Schmid, quien volvió a pedir la apertura de «un canal de diálogo» a la presidenta Cristina Kirchner.
El paro nacional inicialmente se limitaba a camioneros y había sido anunciado por Moyano este miércoles por la noche en medio del bloqueo que afectó la distribución de combustible, aunque tras la firma de un acuerdo salarial del 25,5 por ciento para el sector, el titular de la CGT dispuso el levantamiento de las medidas que impedían el abastecimiento, pero mantuvo la convocatoria a la huelga.
«Los salarios de los trabajadores camioneros han pasado a segundo plano, si bien hemos hecho un acuerdo con el sector empresario, no sirve de absolutamente nada si no se aumenta el mínimo no imponible», enfatizó Moyano en conferencia de prensa, la que postergó en dos oportunidades a la espera del resultado de las negociaciones con la FADEEAC.
Allí, el líder camionero volvió a apuntar duro contra el Gobierno, al que comparó con una «dictadura militar», y le pidió a la presidenta Kirchner que «deje de lado la soberbia».
«Parece que estuviéramos en una dictadura militar. No se puede reclamar, no se puede hacer protestas ni ejercer el derecho a huelga, esto pasaba en la dictadura militar», sostuvo, aunque después sostuvo que el 54 por ciento que obtuvo en las últimas elecciones presidenciales no la habilita a «hacer lo que quiera».
A propósito, cuestionó a la Casa Rosada por haberlo denunciado penalmente por no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y dijo que él es el «único responsable de las decisiones» del sindicato, y no su hijo Pablo, también incluido en la presentación ante la Justicia.
«El Gobierno ha denunciado a quien les habla, que es el único responsable de lo que ocurre en la delegación gremial. Todos los compañeros que hablan a la prensa es porque yo lo autorizo, incluido Pablo Moyano», dijo en alusión a la denuncia que el poder Ejecutivo radicó contra él y su hijo por amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos a raíz del bloqueo a la distribución de combustible en todo el país.
Esa denuncia fue firmada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y recayó ante el juzgado federal número 9 a cargo de Sergio Torres, con la Procuración del Tesoro de la Nación como patrocinante.