La polémica surgió tras iniciarse el pasado viernes el curso organizado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, junto a la Fiscalía General y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, espacio académico del Tribunal Superior de Justicia, y dirigido a los fiscales. El mismo se dicta en el espacio de la Universidad Católica de Córdoba, paradójicamente a pocos metros del predio donde se pretende instalar la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas.Organizaciones sociales, ambientalistas y también políticas han solicitado la suspensión de esta actividad por entender que en la misma sólo se contempla la mirada de quienes «están cercanos al modelo de producción agroexportador que tiene como base la utilización a gran escala de agroquímicos».
Según la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores Liliana Olivero, quien cuestionó la forma en que se dictan estos cursos, “quienes están llevando a cabo esta instrucción son justamente aliados a un modelo agropecuario basado en el uso de agroquímicos y cercanos a la empresa Monsanto y esto lo están haciendo a pocos metros de donde hoy se pretende instalar la firma», señaló.
«Para los vecinos esto es una cachetada, porque ellos vienen de una situación muy importante a nivel jurídico, que tiene que ver con la medida cautelar que habían pedido los propios vecinos. Entonces fuimos a plantear tanto al Ministerio Público, a la doctora María Marta Cáceres, como al Tribunal Superior, que nos han recibido correctamente, la suspensión de estas jornadas y que se agreguen otras voces: la de los afectados, la mirada de los pueblos fumigados, profesionales que tienen otro punto de vista acerca de la utilización de agrotóxicos», indicó Olivero.
La respuesta a esta inquietud por parte del Tribunal Superior de Justicia fue invitar al sector reclamante para que presente un disertante con otra mirada sobre el tema. «Los vecinos no lo aceptaron porque esto fue 10 horas antes del inicio del curso, por lo cual nos era muy difícil encontrar un profesional que dejara de trabajar para presentarse», señaló.
Olivero expresó que es necesario que este tipo de temas, que son relativamente nuevos y en muchos casos se dirimen en la Justicia, «tengan una visión pluralista hacia el cuerpo de fiscales, camaristas, funcionarios y también hacia la Policía Judicial». Y subrayó: «Que no sea solamente la mirada de quienes hoy defienden el modelo agroexportador que pueden tener la provincia y el país utilizando agrotóxicos».
A pesar de las críticas, los cursos comenzaron y desde los sectores organizadores descartan que en estos haya una “bajada de línea” hacia los fiscales que tendrán que investigar eventuales casos de contaminación ambiental.