La medida permitirá lograr la equiparación salarial con los magistrados federales hasta un 90%. La suba se aplicará en cuatro etapas, una vez por año, entre 2012 y 2015. El oficialismo y la UCR votaron a favor
“El objetivo es, en la medida de lo posible, ir restituyendo e ir poniendo las cosas en el lugar en que deben estar. La Provincia está haciendo un esfuerzo importante para cumplir con lo que dice la ley, aunque sea de manera escalonada. De esta manera los jueces de la provincia de Córdoba van a cobrar lo que tienen que cobrar, aun en el marco de las dificultades que estamos atravesando”, destacó el legislador de Unión por Córdoba Luis Sánchez.
Críticas
Una de las voces más críticas a la implementación de este proyecto ha sido la de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. En declaraciones periodísticas, la titular de este sindicato, Irina Santesteban, manifestó que con “la consagración de la equiparación, se instala en Tribunales un sistema de inequidad porque los magistrados verán incrementados sus ingresos con cada aumento que otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y agregó: “A los empleados, en cambio, nos obligan a aceptar, sin posibilidad de negociación alguna, los aumentos que el Poder Ejecutivo local fija para toda la Administración Pública”.
En igual sentido opinó el legislador del Frente Cívico, Roberto Birri, quien aseguró que es necesario implementar un esquema de actualización salarial que incluya a toda la órbita de funcionarios y empleados del Poder Judicial, justificando así la negativa de su bloque a votar afirmativamente el proyecto.
“Nosotros no acompañamos porque esta iniciativa se trata de una absoluta improvisación de parte de la Provincia, ya que en un año y medio cambió tres veces la ley. Todo esto se enmarca dentro de una clara política de ajuste y eso nos preocupa. Se empezó con el recorte a los jubilados, continuó con la tasa vial y ahora sigue con el pago con diferimiento de los aumentos salariales para los jueces”, explicó Birri.
Y acotó: “Hay un pésimo criterio en el ordenamiento de las prioridades de este gobierno, donde se ha gastado más de $600 millones en la campaña presidencial de José Manuel de la Sota, y la vez se aplicó una reforma que afecta a los pasivos provinciales”.
Acompañamiento radical
El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical acompañó al oficialismo en la aprobación del proyecto de aumento escalonado de los salarios de los jueces. Sobre este aspecto, el parlamentario Rodrigo De Loredo aseguró que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el contexto que está viviendo la Provincia.
“Estamos hablando de un contexto de estrechez financiera, donde esca-sean los recursos, terminando en un impuestazo y ajuste. Por eso, acompañamos este aumento paulatino hasta el año 2015, y justamente considerando el presente de la Provincia, consideramos que el volumen de las dietas está desproporcionado”, argumentó el legislador de la UCR.
“Creemos que deben existir las garantías necesarias para que los jueces no tengan que mendigarle al Ejecutivo el aumento de sus salarios como una muestra clara de la división de poderes que propone toda república, pero entendemos que esas garan-tías no pueden transformarse en privilegios porque, cuando eso pasa, la gente se irrita”, enfatizó De Loredo en relación independencia entre los poderes.
Finalmente, también cuestionó la forma en la que la Provincia maneja los recursos públicos aplicando un criterio “que no se condice con las razones a las que alude cuando dice que la Nación no le envía el dinero que debe”.
Nombramiento
El doctor Carlos Azócar fue nombrado al frente de la Cámara de Trabajo, acéfala desde hace unos meses por la baja de dos de sus miembros. Esta definición fue avalada por la Legislatura cordobesa.
“Nos parece una muy buena noticia, es un paso adelante porque no sólo se cubre una vacante, sino que además se reconoce a un hombre que tiene muchos méritos”, aseguró el juecista Roberto Birri.