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Entre los jóvenes, dos de cada tres empleados son informales

La marginalidad laboral y social de los jóvenes es un problema complejo que responde a carencias en sus hogares, educación de baja calidad y pertinencia, y una legislación laboral mal diseñada. Bajo el discurso de generar normas que protegen a los trabajadores, en la práctica se montan poderosos mecanismos de discriminación contra los jóvenes.  Se trata de otro aspecto en donde hace falta una revisión legislativa profunda y con sentido innovador asumiendo como eje conceptual la idea de que la mejor forma de proteger a los jóvenes es multiplicando las posibilidades de conseguir rápidamente un empleo formal y de alta calidad.

La algarabía del mundial se ha visto empañada por la presencia en Sudáfrica de barras bravas argentinas en situación de ilegalidad. En general, se trata de personas, la mayoría jóvenes, que accedieron a medios económicos sospechadamente espurios para trasladarse y financiar su estadí­a en Sudáfrica. Más allá de las particularidades de estas organizaciones,  subyace una cuestión más general relacionada con las oportunidades de inserción laboral y, a través de ella de progreso, que tienen la mayoría de los jóvenes argentinos.

En la medida que los jóvenes no encuentran posibilidades de conseguir un empleo de calidad, a partir del cual iniciar una carrera laboral, las probabilidades de que se inclinen por las actividades ilícitas aumentan. El cierre de puertas a una inserción productiva lleva a que las actividades ilícitas crezcan como campo propicio para buscar medios de vida.

Desde esta perspectiva, resulta muy relevante analizar a qué se dedican los jóvenes argentinos. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el 4º trimestre del 2009, se puede observar que entre los jóvenes de entre 18 y 24 años:

ï‚·        El 25% no trabaja ni estudia.

ï‚·        El 31% sólo estudia.

ï‚·        El 44% trabaja, de los cuales el 36% lo hace como asalariado formal en empresas privadas mientras que el 64% declara trabajar como asalariado no registrado, cuentapropista, planes públicos, servicio doméstico o colaborador sin salario.

Los datos, aunque son muy generales, confirman las enormes dificultades que enfrentan los jóvenes. Poco menos de un tercio se dedica exclusivamente a estudiar, mientras que 1 de cada 4 ni estudia ni trabaja. Semejante proporción se entiende cuando se observa que entre los que consiguen un empleo prevalecen las ocupaciones de muy baja calidad. Se trata de un panorama muy sombrío que constituye uno de los factores promotores del crecimiento de las conductas delictivas entre los jóvenes.  

El problema nace en la baja calidad y pertinencia de la educación, pero se prolonga y  profundiza por la forma en que están diseñadas las instituciones laborales. Las normas laborales encarecen la contratación de trabajadores “en blanco”. Esto resulta particularmente discriminador contra las jóvenes. En la medida que es costoso y riesgoso contratar un nuevo trabajador cumpliendo con las normas laborales, naturalmente las empresas formales tienden a optar por ocupar sus puestos de trabajo con gente mas experimentada y con antecedentes probados. Así, se cierran las puertas de la formalidad a los jóvenes a quiénes sólo les queda como vía de acceso al mercado de trabajo la informalidad.

Los cambios introducidos en la legislación laboral en los últimos años van en el sentido de profundizar esta discriminación. Un ejemplo concreto es la ley de pasantías. Esta norma estipuló, entre otras disposiciones, una cantidad importante y compleja de requisitos administrativos, el límite de 20 horas semanales y la obligación de pagar el proporcional de un salario de convenio con más el seguro de riesgos de trabajo y la obra social. Con esto, prácticamente se eliminaron las pasantías. Cabe la comparación con países de alta protección social, como los europeos, donde los contratos de aprendizaje estipulan salarios inferiores a los de convenios y no se aplican pagos al seguro social. Se entiende que no es una relación de trabajo sino una situación en la cual el joven está completando su educación, de manera que junto con la retribución también recibe formación, experiencia y las credenciales para futuros empleos.

La anulación del contrato de pasantía implica cercenar las posibilidades de inserción laboral y progreso personal a los jóvenes. Con pocas oportunidades laborales en la formalidad, algunos jóvenes se resignan a trabajar en la informalidad con el pesimismo de saber que sus posibilidades de progreso futuro son remotas. Otros, se sienten legitimados a encontrar medios de vida en la ilegalidad. La manera de romper con esta situación no es intensificando la represión sino, como lo demuestran los éxitos alcanzados en otros países, transformado la institucionalidad educativa y laboral.

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