En Córdoba, la derogación de la Ley de Alquileres ha provocado un aumento en la oferta de inmuebles para arrendar, pero esta mayor disponibilidad no ha aliviado la carga financiera de los inquilinos. Los precios de alquiler continúan siendo desproporcionados respecto a los salarios promedio, dificultando el acceso a la vivienda.
Los contratos de alquiler en la región ahora incluyen cláusulas de ajuste cada 3 o 4 meses, basados en el Índice de Precios al Consumidor. Este año, los precios han aumentado en un 40% trimestral, una cifra que supera con creces los incrementos salariales de los inquilinos.
El mercado inmobiliario en Córdoba muestra una clara desventaja para los inquilinos en términos de poder de negociación. A pesar del aumento en la cantidad de propiedades disponibles, la demanda sigue siendo alta, lo que mantiene los precios elevados.
Expertos y asociaciones de inquilinos subrayan la necesidad de intervención estatal para equilibrar las condiciones del mercado y hacer los alquileres más accesibles. Sugieren que la solución al problema habitacional debe incluir políticas que estabilicen la economía y protejan a los inquilinos.
A pesar de la mayor oferta de propiedades, muchos inquilinos optan por negociar directamente con los propietarios para evitar las comisiones de las inmobiliarias, aunque esto presenta sus propios riesgos.
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