Comunicado de la CEEA Regional de Córdoba.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir por decreto una empresa que opera en nuestro sector y su iniciativa de posterior expropiación constituye claramente un atropello institucional a la división de poderes y nos provoca una enorme preocupación por el avasallamiento a la propiedad privada.
En la construcción de un relato cargado de ideología, el Ejecutivo se aleja de los principios básicos de la República porque asume facultades que constitucionalmente no le corresponden y vulnera a los poderes Legislativo y el Judicial.
De hecho, ya hay denuncias penales contra el Presidente de la Nación por «abuso de autoridad» porque el Poder Ejecutivo «carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada».
Estas decisiones deben canalizare a través del Congreso de la Nación, el órgano máximo de representación de la ciudadanía. Además asume esta medida cuando hay una Justicia que está actuando en el concurso de acreedores de la Empresa, con lo cual socava su funcionamiento.
Es necesario ponerle un límite a este avasallamiento y por tal motivo instamos a nuestros representantes, los legisladores nacionales por Córdoba, a que no acompañen con su voto este manotazo sobre la propiedad privada, que puede sentar graves precedentes.
Es imprescindible entonces que los legisladores cordobeses, más allá del signo político, manifiesten una encendida defensa de los intereses de la provincia en cuanto a la producción agropecuaria y no avalen la posibilidad de una distorsión de mercados transparentes.