Luego de que el presidente Alberto Fernández reiterara en París que mandará un proyecto de ley sobre el aborto, la Iglesia convocó a una misa en Luján para el próximo 8 de marzo, al tiempo que el Gobierno ratificó que la intención es «avanzar» en la despenalización para luego ir por la «legalización».
«No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que tal vez una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando», subrayó el mandatario el pasado miércoles al exponer en el Instituto de Estudios Políticos de París.
La respuesta llegó escasas horas más tarde por parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que anunció que realizará una misa en la Basílica de Luján el próximo domingo 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.
«Sí a las mujeres, Sí a la vida», es el lema de la convocatoria lanzada con el objetivo de «pedir por la protección la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural» y que servirá a la Iglesia para hacer una demostración de fuerza e intentar frenar la iniciativa oficial.
La misa en la Basílica de Luján será el domingo 8 de marzo a las 11:00 y se da en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que la Ciudad de Buenos Aires tendrá una marcha al Congreso para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito.
La cúpula de la Iglesia remarcó que su convocatoria se da «con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto».
«Invitamos a todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en esta plegaria común por la vida junto a la Virgen de Luján, Patrona del Pueblo Argentino», sostiene el anuncio realizado por la CEA y que lleva la firma de la Comisión Directiva del organismo eclesiástico, encabezado por su presidente, Oscar Ojea.
Ante el llamado de la Iglesia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró que «es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización» del aborto, ya que ratificó que para el Gobierno se trata de una cuestión de «salud pública».
el ministro coordinador remarcó que la intención oficial de avanzar en una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo se debe a que son «cuestiones de salud pública».
Y agregó: «Entendemos que en la Argentina hay voces diversas, que hay que decisiones que tomar y que por ahí algunos argentinos se pueden sentir ofendidos. Pero buscamos un entendimiento con respecto a esta óptica de una política de salud pública que se tiene que imponer en el país».
«No es que vamos a obligar a que se hagan abortos. Vamos a cuidar a aquellas mamás de la condición social que sean: queremos brindar posibilidades por si alguien necesita hacerse una práctica de estas características», concluyó.