El conflicto aún no resuelto entre el Gobierno y el campo tuvo origen en el reclamo en salvaguarda de intereses meramente sectoriales (Retenciones, control de precios, intervención en los mercados, desaliento a la producción, etc.); con el correr de los días y azuzado por el destrato, la violencia verbal del Gobierno, su autoritarismo y obcecación, se transformó en una cruzada cÃvica fundada en el ideal irresuelto de democracia, república y federalismo que el Gobierno Nacional viola desde que inició su gestión en el año 2003.
Por ello, el campo dejó de reclamar solo por lo suyo y junto con el resto de la comunidad comenzó a demandar respeto por las libertades, por los derechos de los ciudadanos y el lÃmite al ejercicio autoritario del poder; en suma, el pueblo inició una demanda para que las instituciones funcionen, que el Congreso recupere sus facultades, que la Justicia sea independiente, que se respete la Constitución y no se viole la Ley.
Como el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recrea el ejercicio autoritario del poder, intentando “imponer†sin escuchar las crÃticas por el diseño de una política de medios que concentra el control de los mismos en el Gobierno, no en el Estado, que afecta derechos adquiridos y a la propiedad privada violando la Constitución, que se implementan políticas para beneficiar a los amigos, que las autoridades intentan engañar a la comunidad con sus mensajes, como hicieran con las múltiples finalidades que le asignaran a la Resolución N° 125 y que – fundamentalmente – evidencia un modo de conducción política que el pueblo rechazó el 28 de Junio, como es la hegemónica concentración del poder político y económico en el Gobierno nacional.
Decimos entonces que lo que hoy ocurre con los medios de difusión es lo mismo que ocurrió y ocurre con el campo; esto es lo que vincula a un tema con el otro.
Se trata de la necesidad de la defensa de los principios de la libertad. Quien se queda con los frutos de la propiedad, afecta a este esencial derecho. Quien determina qué tenemos que escuchar, qué debemos ver en televisión o de un modo u otro limita nuestra opción a elegir, afecta una garantÃa esencial del ciudadano: el derecho a la información.
Es por eso que CARTEZ exhorta a nuestros representantes (Diputados y Senadores) a que cumplan con la obligación de defender los principios de libertad que inspira nuestra Constitución Nacional y, a su vez, anuncia que realizará las gestiones necesarias para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sea fruto de un amplio debate en el que se garanticen los señalados principios y que va adherir y a movilizarse en defensa de los derechos de la ciudadanÃa.
