Presentó un proyecto para declarar «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio», que será controlado entre la Nación y las provincias petrolíferas.
El Gobierno nacional anunció el lunes el envío al Congreso de un proyecto para declarar «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio» de YPF, con lo cual pasará a controlar a la petrolera que abastece al 60 por ciento del mercado interno.
Según se anunció, tras la sanción de la norma de 19 artículos por parte del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo removerá a todos los directos titulares y suplentes de la compañía y designará a un interventor.
De aprobarse la iniciativa, la empresa será en una primera instancia intervenida y al frente quedarán el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el viceministro de
Economía, Axel Kicillof, según lo anunció la Presidenta.
El anuncio fue realizado por la propia jefa de Estado este mediodía en un acto en la Casa de Gobierno ante los ministros del Gabinete, gobernadores y empresarios del sector energético, entre otros invitados.
De acuerdo con el proyecto anunciado, que fue leído por completo antes del discurso de la Presidenta, el control de la empresa será de un 51 por ciento y se repartirá entre el Gobierno nacional y las provincias petrolíferas.
La iniciativa deberá ser tratada en primera instancia por el Senado y apunta a declarar de «interés público nacional e interés público prioritario» el autoabastecimiento petrolero.
Según el proyecto, se crea además un Consejo Federal de Hidrocarburos donde estén el Ejecutivo y todas las provincias para fijar la política del sector.
El proyecto estipula que la expropiación de las acciones es por causa de «utilidad pública» y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros.
Saldo comercial negativo de petróleo
La Presidenta justificó la medida para la nacionalización de YPF, al advertir que en 2011 fue la «primera vez en 17 años» que el saldo comercial de combustibles fue negativo en el país.
«De proseguir esta política de vaciamiento, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en términos de crecimiento, de industria, en un país inviable», enfatizó Cristina Kirchner.
La mandataria sostuvo que en ese caso la Argentina se convertiría en un «país inviable» por políticas «empresariales» y no por falta de recursos.
Cristina dijo que no responderá amenazas
Cristina Kirchner aseveró que no va a «contestar ninguna amenaza», ni va a «responder ningún exabrupto» y no se va a «hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron» por la nacionalización de YPF.
«Soy una jefa de Estado y no una patotera», enfatizó la mandataria, tras cuestionar «improperios, agravios y descalificaciones».
Cristina Kirchner advirtió que no apunta a un modelo de «estatización» porque se conserva a la empresa como «sociedad anónima» y que la conducción de la compañía será «absolutamente profesionalizada».