El juez federal subrogante, Sergio Pinto, libró la orden y ayer fue inspeccionado el establecimiento junto a la Subsecretaría de Trata. Rescataron a 4 familias.

A partir de una orden librada por el juez federal subrogante, Sergio Pinto, la Policía Federal procedió a allanar ayer el establecimiento rural “La Chalita”, ubicado a unos 13 kilómetros al norte de Bengolea en jurisdicción de la colonia San Fernando, donde el pasado miércoles y jueves confluyeran personal del Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la delegación regional Uatre Río Cuarto, movilizados por una denuncia laboral.

“Se ordenó un allanamiento en un campo de la zona de Bengolea, donde ya en el jueves se había rescatado a una familia que trabajaba en extrema situación precaria”, introdujo Pinto a PUNTAL, quien es el juez federal de Bell Ville, pero que se encuentra subrogando al juzgado de Río Cuarto desde el 4 y al 22 de enero.

Y agregó: “Pasado el mediodía se ordenó la detención de la persona responsable del campo tras advertir graves indicios de trata de persona en el ámbito de la explotación laboral”. Para no entorpecer la investigación, el juez federal omitió identificar al responsable del campo “La Chalita”, al tiempo que aclaró que el sindicado fue “detenido e incomunicado”.

Tomó parte del allanamiento personal de la Subsecretaría de Trata de la provincia de Córdoba que luego de rescatar a cuatro familias resolvió que tres fueran reubicadas en la capital provincial bajo la asistencia de tal dependencia. “La orden de allanamiento comprendía la detención y el secuestro de los elementos que fueran necesarios, y ante la advertencia de graves indicios de trata en el ámbito laboral fue que se resolvió la aprehensión del propietario”, precisó Pinto. El funcionario judicial confirmó que al menos cuatro familias fueron rescatadas del lugar y que intentan determinar si había alguna más en las mismas condiciones. Cada familia tiene entre tres y cinco integrantes, por lo que se estima que en total serían más de 15 las personas involucradas, varias de ellas, menores de edad.

De Corrientes y Entre Ríos

Respecto de la procedencia, el funcionario judicial manifestó que llegaron a la zona desde provincias como Corrientes y Entre Ríos y que permanecían en el campo aislados de todo tipo de contacto social, incluso los menores no asistían a establecimientos educativos. “Lo primero es contener a la gente y desde la Subsecretaría de Trata se está brindando toda la asistencia”, aseveró el juez.

Y añadió: “Se están haciendo todos los informes. Nos queda ver si hay más familias, además de estas cuatro”. Cabe señalar que el propio Pinto se constituyó el mismo jueves en el establecimiento rural de Bengolea luego de recibir la denuncia en torno a las condiciones en las que se encontraban las familias procedentes del litoral argentino.

Continuidad

La investigación continúa con el correr de las horas. El próximo paso será esperar los resultados del informe final de la Subsecretaría de Trata que permita tener un panorama preciso de la situación en la que se encontraban estas familias.

“A partir de allí se derivará los pasos a seguir, tanto desde la Fiscalía como de la Justicia, y seguramente ya estará el doctor Carlos Ochoa (juez federal de Río Cuarto) en funciones”, estimó Pinto. Y agregó: “El personal del Ministerio de Trabajo ha actuado de manera eficaz y es de destacar la labor de la Policía Federal y de la Provincia, puntualmente de la zona de Bengolea, porque realmente han estado a la altura de las circunstancias”.

Fuente: Puntal

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