Recientemente llamó la atención de la ciudad la ruidosa manifestación de ATE, solicitando a través de un boletín, libertad y democracia sindical, incorporación como gremio a una mesa laboral, cese de la persecución a los trabajadores afiliados, recomposición salarial y reincorporación del delegado gremial. La mayoría de los comentarios sobre este hecho giraron en torno a la metodología del reclamo y a cierto grado de violencia con que se llevó a cabo. Sin justificar los desmanes que pudieron haberse cometido e, invocando la fraternidad ciudadana es saludable que las autoridades se interroguen acerca de las causas que los motivaron.
Según se ha podido conocer, la Municipalidad ha dejado cesante al delegado de ATE. Se sabe además, que algunos empleados que expresan su decisión de afiliarse, son perseguidos para que desistan de ello. Por otra parte, los reclamos del sector no son nuevos. Con anterioridad han sido planteados a las autoridades municipales sin obtener respuestas.
Concordando con la premisa del Intendente y el Secretario de Gobierno, en la búsqueda del consenso ¿no sería prudente incorporar al gremio a la mesa de negociaciones y buscar un punto de equilibrio? ¿Qué se los impide? Queda hacer una pregunta más profunda: ¿qué entienden las autoridades municipales por democracia y qué lugar le asignan a las minorías?
Es sabido que el modelo sindical local repite, sin demasiadas variantes, el esquema provincial y nacional: sólo se reconocen los sindicatos afines al gobierno. Y este modelo, que no siempre atiende los genuinos reclamos de los trabajadores, hace un flaco aporte a la democracia sindical promovida por la Constitución.
En su Art. 14 bis, la Constitución Nacional garantiza la organización sindical libre y democrática y reconoce a los representantes gremiales el derecho a cumplir su gestión sindical y a la estabilidad de su empleo. También la Constitución Provincial, en su Art. 23, Inc. 11, garantiza a los trabajadores la facultad de asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, en gremios o sindicatos.
Por estas razones, cabe a los funcionarios atender sin demoras los pedidos de los trabajadores, hacer un análisis prudente de los reclamos y tratar de mantenerse por encima del conflicto en vez de profundizarlo con declaraciones autoritarias.
La ciudad necesita que sus gobernantes, en una muestra de madurez cívica, abran las puertas del municipio al verdadero diálogo para garantizar la seguridad y la paz social, evitando de esta manera propiciar un escenario de conflicto que afecte la vida cotidiana de los carlotenses.
UNIÓN CÍVICA RADICAL – Comité de Circuito
La Carlota, 15 de mayo de 2013