En Democracia, violencia es la intolerancia a las ideas ajenas y la incapacidad de expresar las propias.

Desde luego que no rehuimos al debate, porque alumbramos la convicción de que en Democracia el debate hace a su esencia, de igual manera que la libertad de expresión y participación, la cual celebramos y alentamos. Pero no podemos ignorar la notoria intencionalidad que tuvo el ataque de nuestra sede partidaria y los desmanes operados hoy en inmediaciones del Concejo Deliberante, resultando heridos trabajadores de la prensa y poniendo en estado de peligro a la ciudadanía en general.

Lo que no dicen los dirigentes vinculados al Senador Juez que que participaron de los hechos de violencia (recordemos que Armando Fernández, uno de los dirigentes que lideraba uno de los sectores que participaron de los hechos, debió renunciar a su banca como Concejal del Frente Cívico al verse vinculado con la percepción  irregular del Plan Jefes y Jefas de Hogar) es que durante año 2004 el ex intendente Luis Juez aumentó el cospel de $ 0,80 a $ 0,95, cuando  la canasta de costos formulada por sus propios funcionarios exigía un boleto a $ 1,10. Esto llevo a las empresas concesionarias del transporte urbano Coniferal y Ciudad de Córdoba a iniciar una demanda en contra la Municipalidad de Córdoba por considerar que fueron infringidos los términos del contratos de concesión. Aquel reclamo le implicó al Municipio un fallo condenatorio por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba de aproximadamente 100 millones de pesos.

En mayo de 2006 el juescismo (con mayoría agrava en al Concejo Deliberante) aprobó un aumento menor al que establecía la minuta oficial, aumentando el valor del boleto de $ 0,80 a $ 0,95. Pero la minuta firmada por sus funcionarios imponía boleto de $ 1,10. Posteriormente se pasó de $ 0,90 a $ 1,20, cuando la canasta de costes calculaba un boleto cercano a $ 1,40.

Aun cuando eran épocas donde el ex Intendente Juez pasaba su mejor momento político con el Gobierno Nacional y tenía línea directa con el Secretario de Trasporte de la Nación Ricardo Jaime, lo que le permitía cierta flexibilidad para obtener subsidios al trasporte urbano de pasajes, lo cierto es que los costos políticos que se negó a pagar el ex Intendente Juez, sea por demagogia política, ausencia de coraje administrativo o astucia populista, son los costos económicos que tuvo que afrontar el Estado Municipal, frente al reclamo judicial de las empresas concesionarias del transportarte urbano pasajeros.

Esa diferencia entre lo establecido en la minuta de costos establecidos en la fórmula polinómica (mediante la cual se calcula el costo del boleto) y las actualizaciones del precio del boleto del trasporte urbano de pasajeros fueron considerados por el Tribunal Superior de Justicia susceptible de resarcimiento, lo que llevo al Estado Municipal a ser condenado a abonarle a las empresas concesionaras una suma cercana a los 100 millones de pesos.

Lo que omiten decir  las organizaciones vinculadas al kirchnerismo, que también participaron de los hechos de violencia, es que durante la gestión del actual Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Daniel Giacomino y su entonces segundo al mando, el recientemente designado delegado en Córdoba del AFCSA, comisario político de Martín Sabatella en su cruzada por la Ley de Medios, Carlos Vicente, es que estos concedieron también aumentos por debajo de la línea de costos establecidos por la fórmula polinómica de sistema de cálculo, lo que llevó a posteriores reclamos por parte de los concesionarios  los que debieron ser soportados por el Estado Municipal para evitar el colapso del sistema de trasporte urbano de pasajeros. Sin mencionar el hondo déficit que nos legaron con de la empresa TAMSE, que es en sí mismo un cráter presupuestario.

La notable y dolosa ineptitud puesta de manifiesto por las administraciones Juez  – Giacomono y sus onerosas consecuencias debieron ser afrontadas por el erario público que se compone, ni más ni menos, de los recursos que aportan los vecinos. La consecuencia directa de este tipo de acciones implicó la detracción de fondos al Estado Municipal que podrían haber sido aplicados a obras vitales de infraestructura social, pero como consecuencia de la mala praxis administrativa de pródigos gestores, aquellos fondos fueron absorbidos por la cancelación de deudas generadas por os quienes, carentes de ética de la responsabilidad, se negaron a asumir decisiones que, no por ser popularmente incómodas, dejan de ser inexcusables para la Municipalidad de Córdoba.

Los representantes de la nueva política que a su paso arrasaron la Municipalidad como los Hunos, ávidos por la especulación electoral y el agio político, hoy pretenden reconquistar la confianza pública dilapidada, actuando el papel que mejor les queda, cual es el de la oposición sin propuestas, violencia sin destino, denuncias sin sustento y política sin contenido.

Que quede claro: En Democracia, la violencia es la intolerancia ante las ideas ajenas y la incapacidad de expresar las propias.