Aunque la mejora en la distribución del ingreso es un objetivo que goza de amplios consensos, el INDEC confirmó que se mantiene un elevado nivel de inequidad. Un factor clave como determinante de las desigualdades sociales, además de las diferencias en los ingresos individuales, es el tamaño más grande de las familias pobres. En este aspecto, la mala calidad de las intervenciones estatales contribuye a potenciar las desigualdades, cuando por defecto de diseño y gestión inducen aumentos en la natalidad entre los hogares de más bajos ingresos.
Datos recientemente publicados por el INDEC señalan que el proceso de mejora en la distribución del ingreso se estancó. Uno de los indicadores más comunes que se usa para medir la desigualdad es el Coeficiente de Gini (que adopta el valor de 0 cuando la distribución del ingreso es perfectamente igualitaria y 1 cuando la desigualdad es extrema). Según el INDEC, el Coeficiente de Gini para el 3° trimestre del 2012, considerando el ingreso per cápita familiar, fue de0,434, un valor muy similar al 0,437 calculado para igual período del año pasado. En otras palabras, los datos oficiales confirman que construir una sociedad integrada sigue siendo una meta pendiente.
El freno en el proceso de igualación social está asociado al mediocre comportamiento económico registrado en el año 2012. Sin embargo, también operan factores más estructurales que se erigen como un escollo al progreso social. Uno, muy relevante y cuya importancia generalmente es subestimada, es la diferencia demográfica entre los estratos socioeconómicos. En este sentido, los mismos datos oficiales del INDEC que alertan sobre la desaceleración del proceso de mejora en la distribución del ingreso permiten identificar los siguientes rasgos diferenciadores:
• El 30% de los hogares más pobres tiene un ingreso total familiar de $3.585 mensuales y un tamaño medio de 4,3 miembros por hogar.
• El 40% de los hogares de nivel medio de ingresos tiene un ingreso total familiar de $6.358mensuales y un tamaño medio de 3,0 miembros por hogar.
• El 30% de los hogares de mayor nivel de ingresos tiene un ingreso total familiar de $12.829 y un tamaño medio de 2,3 miembros por hogar.
Es decir, el ingreso familiar total del 30% de los hogares más ricos es 3,6 veces más alto que el del 30% de los más pobres. Pero cuando se mide en términos per cápita (para reflejar de manera más fidedigna el bienestar de cada persona), la brecha se amplía a casi 6,7 veces. Así, la desigualdad se explica por diferencias en los ingresos individuales, pero también porque el tamaño medio de las familias pobres casi duplica al tamaño de los hogares de mayor nivel de ingresos.
Entre los hogares más pobres, la proporción de personas activas que trabajan es más baja y la cantidad de hijos es mayor. Según información extraída de la encuesta de hogares del INDEC, entre el 30% de los hogares más pobres sólo el 40% de los cónyuges trabaja y el 65% tiene hijos. En cambio, entre el 30% de las familias de mayores ingresos, el 70% de los cónyuges trabaja y sólo el 22% tiene hijos. Estas disparidades se potencian con los bajos ingresos que obtienen los hogares más pobres por sus menores niveles de educación.
Para avanzar hacia una sociedad más igualitaria es imprescindible considerar estos fenómenos en el diseño y gestión de las políticas públicas. Por ejemplo, en otros países de la región, con programas similares a la Asignación Universal por Hijo, se priorizan los estímulos a la inversión en capital humano entre las familias más pobres. En la Argentina, por el contrario, se prioriza el asistencialismo. La Asignación Universal tiene nulo incentivo a la superación escolar de los niños y carece de intervenciones complementarias (como, por ejemplo, la inducción a la inserción laboral de las madres y su educación sexual reproductiva). De esta forma, la Asignación Universal potencia las desigualdades ya que opera como un factor de inducción a la natalidad entre los más pobres.
La obsolescencia de las instituciones laborales incide en igual dirección. La tendencia a «sacralizar» el contrato de trabajo a jornada completa y con altos costos impositivos, administrativos y legales discrimina a las mujeres con menores niveles de educación. Ante la presión que implican las tareas domésticas, se les complica ocupar empleos a jornada completa. Por sus bajos niveles de calificación son muy bajas las posibilidades de que consigan un empleo que cumpla con todas las formalidades que obliga la ley.
La mala calidad de las políticas públicas tiene alta responsabilidad en la perpetuación de la desigualdad. Para cambiar esta realidad se necesitan reformas modernizadoras que apunten a acortar las brechas en los ingresos de las personas, pero también que contengan estrategias de cambio en la demografía de las familias.