Más allá de las discusiones jurídicas, lo concreto es que, desde diciembre próximo, los jubilados provinciales percibirán alrededor del 73 por ciento de lo que cobran los empleados públicos.

En una gestión, no siempre se pueden dar buenas noticias. Menos si un partido hace 13 años que está en el poder. A ocho meses de asumir su tercer mandato, José Manuel de la Sota debió poner su firma al ajuste que afectará a 92 mil jubilados cordobeses. En especial, al 62 por ciento de los pasivos que cobra menos de siete mil pesos.

Más allá de las interpretaciones jurídicas sobre si la temporalidad en la demora en aplicar los ajustes salariales agravia lo que indica la Constitución Provincial, lo concreto es que desde diciembre próximo, para los jubilados cordobeses el 82 por ciento móvil será una historia pasada.

Luego de los aumentos salariales que los estatales recibirán a fin de este mes (siete por ciento) y en noviembre (cinco por ciento), los pasivos que recién comenzarán a percibir ese primer incremento en febrero del año próximo, a fin de año van a cobrar alrededor del 73 por ciento de los ingresos de los activos.

Cercado por la realidad de que el año que viene el déficit de la Caja de Jubilaciones rozaría los dos mil millones de pesos y convencido de que la Nación no le enviará un peso, el gobernador resolvió una jugada arriesgada y de urgencia. Recluido en su despacho del Centro Cívico con los cuatro funcionarios de su mayor confianza, el miércoles pasado, De la Sota decidió algo que sus íntimos calificaron como “el mal menor”: impulsar la reforma a la ley previsional, que difiere por seis meses el pago a los jubilados de las subas salariales que se apliquen a los agentes públicos provinciales.

Más allá de este ajuste a la clase pasiva, la otra decisión política importante fue la metodología: llevar personalmente el proyecto a la Legislatura, para que fuera aprobado en esa misma noche del miércoles. De este modo, y en un trámite exprés, el gobernador arrió dos banderas importantes de su gestión: el 82 por ciento móvil para los jubilados y el diálogo político con la oposición.

Ambas decisiones tendrán sus costos. Los jubilados provinciales –por ser los que mejores salarios reciben en el país– componen una base electoral fuerte para el peronismo.

Por otro lado, para marcar diferencias con los K, De la Sota enarboló la bandera del diálogo para consensuar medidas. Con su decisión de aprobar de urgencia una ley en una sesión, al gobernador ahora le costará remontar esta situación con la oposición.

De hecho, el juecismo anunció que judicializará su relación con el gobernador. En los próximos días, llevará a Tribunales el reclamo de ser reconocido como primera minoría, para que el Gobierno le otorgue los cargos de control en los distintos organismos estatales descentralizados, cuestión que figura en la Ley del Nuevo Estado que impulsó el propio De la Sota.

Mientras, en la interna del radicalismo hay un profundo el debate sobre cómo pararse ante la gestión delasotista. Muchos sectores proponen una oposición más dura, pero el centenario partido tiene un inconveniente: su máximo referente político, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, acorralado por los problemas del municipio decidió mantener una buena relación con la Provincia. En esa encrucijada transitan los radicales.

Pero parece que los problemas en el frente interno no han erosionado la ambición de De la Sota de tener proyección nacional. Ayer notificó al resto de los gobernadores la decisión de Córdoba de renunciar al Pacto Fiscal de 1992. Aunque la carta institucional aún no se hizo pública, según fuentes oficiales en uno de sus párrafos el mandatario provincial invita a sus colegas a “aunar esfuerzos” para “recuperar” lo que es de las provincias y así “contribuir” a lograr una “patria federal”.

Conceptos que –junto a las demandas ante la Corte Suprema– ponen a De la Sota en el rincón de los castigados en el rústico manual del manejo del poder por parte del kirchnerismo. Esto parece no preocuparle al gobernador, que con ajuste y más impuestos intenta hacer caja para resistir las embestidas del poder central.