El conflicto de los trabajadores de la Salud, que ya lleva cuatro semanas, lejos está de encontrar un fin. Las agrupaciones sindicales que nuclea a los empleados seguirán el plan de lucha votado y ratificado en las asambleas.
En tanto, el Gobierno provincial endureció su postura, especialmente contra el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). El gobernador Juan Schiaretti mandó decir que no habrá reapertura de discusión salarial y que se aplicará “la ley” para garantizar la atención en los hospitales públicos.
A través del secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa –su negociador con los gremios– Schiaretti ratificó su postura de hacer respetar el acuerdo firmado el 11 de marzo pasado, que vence el próximo 31 de enero.
Ante la negativa del Gobierno de reabrir la discusión salarial, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ratificó ayer el estado de conflicto en todas las áreas de la administración pública y en los hospitales y resolvió para el miércoles próximo una concentración frente al Ministerio de Salud.
El miércoles pasado el gremio que conduce José Pihen, realizó otro paro parcial con una movilización por las calles céntricas, que contó con la participación de los cuerpos orgánicos del gremio docente y el titular de la CGT Unificada, Omar Dragún.
“Si no hay respuesta, vamos a duplicar esta apuesta”, advirtió en el acto el también legislador electo por el oficialismo.
Pihen cumplió con su advertencia y el nuevo paro parcial y la continuidad de otras medidas de fuerza fueron aprobadas ayer por unanimidad por el plenario provincial que deliberó en el salón de avenida Maipú al 300.
Reclamo. El plenario general de delegados de Capital e interior volvió a reclamar la reapertura de la negociación salarial para la totalidad de la administración provincial.
Ratificó además las asambleas sin límite de duración en toda la administración y en los hospitales públicos que ayer continuaron con la atención resentida.
También el plenario dispuso otra jornada de protesta para el viernes próximo en todas las reparticiones públicas, con la modalidad que fijen los delegados en cada dependencia.
Al retomar su función de responsable de la negociación salarial con el sector público, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, ratificó la postura del Gobierno de hacer respetar el acuerdo firmado el 11 de marzo pasado, que vence el 31 de enero de 2012.
El funcionario recordó que el acuerdo salarial implicó para el sector de la salud incrementos de hasta el 35 por ciento al básico y señaló que la suba promedio para toda la administración rondó el 27,5 por ciento. Justificó la suba a los obstetras por ser un recurso humano crítico para la salud. Los obstetras que trabajan en el sector público provincial no superan los 300 y recibieron un incremento salarial de 1.200 pesos mensuales hasta fin de año y tendrán otra suba similar a partir de marzo de 2012. El costo fiscal de esa mejora hasta fin de año no supera el millón de pesos.
Sosa remarcó que cada punto de aumento porcentual para la totalidad de los agentes públicos tiene un costo fiscal de 110 millones de pesos.
Aunque el funcionario habló de aplicar “la ley” para normalizar la prestación de salud en los hospitales, ayer en la Secretaría de Trabajo no tenían previsto tomar ninguna resolución, según aseguró un vocero de ese organismo.
Sin conciliación. Trabajo descarta decretar la conciliación obligatoria, ya que como el Gobierno no está dispuesto a discutir salarios, no existe la posibilidad de abrir un diálogo entre las partes, que es uno de los objetivos que tiene esa medida.
Por otra parte, la cartera laboral no quiere reconocer como interlocutor válido a la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que lidera Carlos Altamirano. La UTS es la que lleva adelante el paro por tiempo indeterminado en los hospitales.
Lo que si se baraja es realizar una nueva intimación a los equipos de salud, fijándole un plazo para que normalicen la prestación de los servicios, y en caso que no sea acatado dictar la ilegalidad de las medidas de fuerza.
En algunos sectores especulan que si la Provincia recibe la ayuda prometida de la Nación para fin de mes, podría analizar otorgar un monto no remunerativo por única vez para poner fin al conflicto.
La Licenciada Analía Doffo, Delegada del SEP del Hospital San Antonio de La Carlota manifestó a FM Estrella: “Estuvimos el miércoles en la manifestación, participó muchísima gente como UEPC, CGT, entre otros… Ésta fue tranquila y se plantearon los puntos que ya conocen: aumento para uno, aumento para todos.
Lo que se plasmó ese miércoles es que se continuarían con la Asambleas en los hospitales y reparticiones y veremos cómo seguimos con este plan de lucha.
Se advierte que más allá del conflicto que existe entre los empleados públicos y el gobierno, lo más complicado pareciera ser la relación de los distintos actores que están trabajando en la salud. Al respecto Doffo indicó “nos hemos dividido y eso no nos ha ayudado. Distintos grupos de profesionales: por un lado enfermeros, médicos han presentado sus propias dificultades. Lo que queremos es un salario digno”…