Desarrollo: En julio el Sector Público Nacional registró un resultado primario de $908.253 millones pero tuvo un déficit financiero de $600.957 millones, producto del pago de vencimientos de deuda.
El supervávit fue “consistente con el sendero de gasto considerado sostenible”, según el Ministerio de Economía.
Luego del pago de intereses de la deuda pública neto de los intrasector público por $1.509.210 millones, se registró un resultado financiero negativo, pero inferior al esperado.
“Se ha generado un superávit primario aún en un mes que registra estacionalmente gastos mayores por los pagos del aguinaldo, por primera vez en cinco años”, indicó Economía.
El sector público acumuló en los primeros siete meses del año un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,4% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB).
De esta forma, se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.
Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.333.748 millones (+245,5% interanual).
En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +259,7% i.a. explicado principalmente por la variación del Impuesto PAIS y los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+233,8% i.a.).
Entre los tributos ligados a la actividad económica interna cabe mencionar la recaudación correspondiente al Impuesto a los Débitos y Créditos (+242,8% i.a.), al IVA neto de reintegros (+221,4% i.a.), y a las Ganancias (+170,6% i.a.).
Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $8.425.495 millones (+177,5% i.a.).
En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, las mismas ascendieron a $4.898.692 millones (+219,4% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó la mencionada fórmula para que los aumentos jubilatorios acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen.
Si se añade el refuerzo de ingresos previsionales de hasta $70.000 (más de $331.973 millones), la variación del gasto previsional nacional fue de +216,4% i.a.. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.378.254 millones (+183,9 i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.
Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.154.203 millones (+192,6% i.a.).
Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$1.818.523 millones (+218,6 % i.a.).
Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad por la Ley N° 27.609 en las asignaciones familiares (donde la Asignación Universal para Protección Social fue incrementada un 100% en enero mediante Decreto 117/2023), los programas de Política Alimentaria (con un incremento en la Tarjeta Alimentar del 138% entre enero y julio, según la Resolución 3/2023, la Resolución 11/2024, Resolución 111/2024 y Resolución 181/2024), y el Plan 1.000 días (incrementado un 500% mediante Resolución 1.062/2024).
Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $494.025 millones (+248.367 millones; +101,1% i.a.).
Por último, los subsidios económicos presentaron un incremento de $729.417 millones (208% i.a.), donde los energéticos variaron $571.222 millones (217,5% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $134.739 millones (+162,7% i.a.), producto del cambio en la política en esta materia que lleva adelante el Gobierno Nacional.
El supervávit fue “consistente con el sendero de gasto considerado sostenible”, según el Ministerio de Economía.
Luego del pago de intereses de la deuda pública neto de los intrasector público por $1.509.210 millones, se registró un resultado financiero negativo, pero inferior al esperado.
“Se ha generado un superávit primario aún en un mes que registra estacionalmente gastos mayores por los pagos del aguinaldo, por primera vez en cinco años”, indicó Economía.
El sector público acumuló en los primeros siete meses del año un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,4% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB).
De esta forma, se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.
Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.333.748 millones (+245,5% interanual).
En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +259,7% i.a. explicado principalmente por la variación del Impuesto PAIS y los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+233,8% i.a.).
Entre los tributos ligados a la actividad económica interna cabe mencionar la recaudación correspondiente al Impuesto a los Débitos y Créditos (+242,8% i.a.), al IVA neto de reintegros (+221,4% i.a.), y a las Ganancias (+170,6% i.a.).
Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $8.425.495 millones (+177,5% i.a.).
En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, las mismas ascendieron a $4.898.692 millones (+219,4% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó la mencionada fórmula para que los aumentos jubilatorios acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen.
Si se añade el refuerzo de ingresos previsionales de hasta $70.000 (más de $331.973 millones), la variación del gasto previsional nacional fue de +216,4% i.a.. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.378.254 millones (+183,9 i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.
Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.154.203 millones (+192,6% i.a.).
Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$1.818.523 millones (+218,6 % i.a.).
Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad por la Ley N° 27.609 en las asignaciones familiares (donde la Asignación Universal para Protección Social fue incrementada un 100% en enero mediante Decreto 117/2023), los programas de Política Alimentaria (con un incremento en la Tarjeta Alimentar del 138% entre enero y julio, según la Resolución 3/2023, la Resolución 11/2024, Resolución 111/2024 y Resolución 181/2024), y el Plan 1.000 días (incrementado un 500% mediante Resolución 1.062/2024).
Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $494.025 millones (+248.367 millones; +101,1% i.a.).
Por último, los subsidios económicos presentaron un incremento de $729.417 millones (208% i.a.), donde los energéticos variaron $571.222 millones (217,5% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $134.739 millones (+162,7% i.a.), producto del cambio en la política en esta materia que lleva adelante el Gobierno Nacional.
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