Desarrollo: El gobierno argentino defendió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez y Juventud, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó la necesidad de reformar el Régimen Penal Juvenil, vigente desde la dictadura de 1980. Amerio argumentó que la ley actual permite la impunidad de delitos cometidos por menores de 16 años, y que esta reforma busca un tratamiento diferenciado y resocializador para los adolescentes en conflicto con la ley.
El debate evidenció la oposición del kirchnerismo y la izquierda, quienes rechazaron la iniciativa. La presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado, informó que 142 legisladores participan en la discusión y que el 6 de agosto expondrán los autores de proyectos. El 14 de agosto se abrirá una ronda de consultas con especialistas para profundizar en el análisis de la propuesta y sus implicancias sociales y legales.
El proyecto de ley establece un régimen penal para adolescentes de 13 a 18 años, prohibiendo la reclusión perpetua y limitando la prisión a un máximo de 20 años. Amerio subrayó que la reforma es una demanda social y que debe atenderse con medidas específicas para proteger tanto a las víctimas como a los jóvenes infractores, quienes están expuestos a vulnerabilidades por su desarrollo psicofísico y su contexto social.
Fernando Soto, director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, respaldó la iniciativa, argumentando que la sociedad demanda cambiar una ley de la dictadura. Destacó un aumento de la delincuencia entre adolescentes de 13 a 15 años y la necesidad de adaptar el Código Penal para proteger a la víctima y al joven infractor. La oposición, por su parte, critica la medida como punitiva y demanda un enfoque integral que considere aspectos procesales, justicia penal juvenil e infraestructura adecuada.
El debate continuará con la participación de diversos actores políticos y especialistas, buscando un consenso sobre cómo abordar el conflicto de los menores con la legislación penal y garantizar los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia.
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