El Juzgado de Familia de Córdoba anuló un acuerdo de división de bienes firmado tras la disolución de una unión convivencial, que duró de 2003 a 2017. El juez Gabriel Tavip determinó que la voluntad de la mujer estaba viciada por violencia de género ejercida por su ex pareja.
El acuerdo se firmó bajo coacción y violencia. La mujer quería que su ex pareja abandonara la casa que había heredado, pero él exigía un pago por las mejoras realizadas durante su convivencia.
El acuerdo estipulaba que la mujer debía pagarle 70 cuotas de 840 dólares. Los abogados le habían aconsejado no firmar, pero ella accedió para que él se fuera de la casa.
Durante la ejecución del acuerdo, el hombre siguió intimidándola, exigiendo pagos adicionales y amenazándola para que pidiera préstamos, aprovechándose de su frágil salud psíquica.
Finalmente, el juez ordenó al hombre devolver las sumas recibidas, equivalentes a 36.5 cuotas de 840 dólares, debido a su mala fe en el acuerdo.
