El Gobierno implementó un drástico recorte al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) a través de un decreto, reduciendo casi a cero los fondos destinados a programas dirigidos a barrios carenciados. Este ajuste afecta la distribución de los fondos recaudados mediante el Impuesto País, disminuyendo el porcentaje destinado al Fisu del 9% al 0,3%. La Ley 27.541, que estableció el Impuesto País, destinaba inicialmente el 30% de la recaudación a obras, turismo y vivienda, con un 30% de ese monto asignado directamente al Fisu.
El decreto emitido reduce drásticamente el porcentaje asignado al Fisu al 1%, aumentando considerablemente los fondos destinados a obras de infraestructura hasta un 94% de la recaudación total del impuesto. Según el argumento oficial, esta medida busca transparentar el destino de los fondos dirigidos a las personas más vulnerables. Sin embargo, críticos de la medida señalan su impacto negativo en la calidad de vida de millones de personas en situación de pobreza.
El Fisu financiaba proyectos cruciales para barrios populares, incluyendo el acceso a servicios básicos como agua, cloacas, veredas y equipamiento urbano, así como la creación de suelo urbano para la construcción de viviendas. La reducción de fondos afecta directamente la ejecución de estas obras, poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades más necesitadas.
A pesar de la controversia previa sobre el manejo de fondos por parte de los movimientos sociales encargados de administrar el Fisu, el secretario designado por el gobierno defendió la efectividad del programa, destacando la ejecución exitosa de numerosas obras. Sin embargo, líderes religiosos y diversos sectores de la sociedad han criticado la medida, advirtiendo sobre sus potenciales consecuencias negativas en la exclusión social y la desintegración comunitaria.
Organizaciones como la Fundación Techo han expresado su preocupación por la discontinuidad del financiamiento al Fisu, considerando que esta política ha sido una constante en distintos gobiernos nacionales y es fundamental para el desarrollo de los barrios populares. La reducción abrupta de recursos podría afectar gravemente a más de 6.000 barrios populares en Argentina, que necesitan urgentemente mejoras en infraestructura básica. tags: [recorte, fondo, barrios, infraestructura, pobreza]
