El Ministerio de Economía aseguró ayer que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) continuará, al igual que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mientras dure «la situación de emergencia sanitaria y la pandemia esté impidiendo las actividades productivas»
La directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, subrayó que el IFE «por ahora persiste, aunque es un esfuerzo fiscal gigantesco” porque el monto que involucra equivale a “casi un punto el PBI».
En ese sentido, la funcionaria consideró que esa asistencia financiera del Estado «tiene un impacto muy fuerte para contener la pobreza y la indigencia».
Afirmó que, de acuerdo con cálculos del Gobierno, el IFE está «evitando que entre dos millones y medio y cuatro millones” de personas “caigan en la indigencia y la pobreza».
«Es una masa de contención muy importante para los trabajadores informales», destacó.
De ese modo, D’Alessandro subrayó: «Hay un compromiso muy grande del presidente Alberto Fernández de que, mientras tengamos esta situación de emergencia sanitaria y la pandemia esté impidiendo las actividades productivas y el desarrollo de la actividad de las personas, el IFE y el ATP van a continuar».
«Hoy por hoy estamos mirando cuál es la situación», señaló y resaltó que el Gobierno observa «con mucha atención lo que pasa en términos de actividad».
Población vulnerable
En tanto, sobre la población que cobra el IFE, puntualizó: «Hay un grupo que nos interesa muchísimo, que es el de las trabajadoras de casas particulares».
«Lo cierto es que es la primera opción laboral que tienen las mujeres en la Argentina. Si mirás de qué trabajan las argentinas, la principal ocupación es ser empleada doméstica y además es el trabajo más precario con menos salario», manifestó la funcionaria de Economía.
Por ese motivo, remarcó la importancia de «sostener el IFE» y aseguró: «Ahí tenemos un desafío muy grande».
Costo fiscal
El futuro del IFE está en discusión en el seno del gabinete desde hace varios meses, debido a un costo fiscal que supera ampliamente el calculado cuando se instauró en abril, en los comienzos del régimen de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
En el momento del anuncio se precisó que alcanzaría a unos cuatro millones de personas, pero en la actualidad llega a 8,8 millones, y los intentos de limitarlo siempre fueron frenados debido al previsible impacto social y económico que significaría privar de esos ingresos a los beneficiarios y a las economías de las comunidades donde residen.
La titular de la Anses, Fernanda Raverta, declaró recientemente al respecto que los pasos a seguir respecto del instrumento “se están evaluando” constantemente, pero que cualquier definición “está atada a cómo siga la pandemia y a las particularidades económicas de la Argentina”.
