Pocos temas generan mayores consensos que la educación como factor de progreso social. En función de ello, en los últimos años se han multiplicado los recursos asignados a la educación pública. Pero, paradójicamente, las familias de manera masiva optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas. Se trata de una manifestación, espontánea y silenciosa, asimilable a un “8N educativo” que denota frustración y desencanto frente a la mala administración de los fondos públicos. Esto marca la urgencia de reconstruir el sistema educativo en base a valores de esfuerzo y calidad.
La educación constituye un factor clave e insustituible dentro de un programa tendiente al progreso social. De aquí la importancia estratégica del rol del Estado promoviendo el acceso a la educación de calidad a toda la población. En esta dirección, en los últimos años se han volcado cuantiosos recursos al sector de la educación. Así, la inversión pública en educación pasó desde el 4% del PBI en el año 2004 a más del 6% del PBI en el año 2010. Esto se tradujo, en el mismo período, en un aumento del número de establecimientos públicos escolares desde 28 mil a 53 mil y de cargos docentes desde 398 mil a 453 mil. Es decir que el esfuerzo en términos de aumentos de la asignación de recursos públicos dedicados a la educación pública ha sido significativo.
Naturalmente que también se incrementó la cantidad de alumnos que concurren a la educación básica, o sea los niveles inicial, primario y secundario. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, entre los años 2004 y 2010, la matricula total en los tres niveles de educación básica pasó de 9,4 a 9,9 millones de alumnos, lo que significa un aumento de 452 mil alumnos en 6 años. La composición según el tipo de gestión de la institución que recibió este aumento de la cobertura entre los años 2004 y 2010 fue la siguiente:
• La matrícula en las escuelas de gestión estatal aumentó en 79 mil alumnos.
• La matrícula en las escuelas de gestión privada aumentó en 373 mil alumnos.
• Esto significa que, del total de aumento de la matrícula de educación básica ocurrido entre los años 2004 y 2010, el 83% eligió la educación privada.
Estos datos oficiales muestran que, a pesar del importante esfuerzo presupuestario del Estado, las familias vienen optando masivamente por enviar a sus hijos a escuelas privadas. Seguramente que la mayoría de los adultos que toman estas decisiones tienen alta estima y cariño por la educación estatal, ya que en ella se formaron. Por eso, las decisiones que están tomando para sus hijos deberían ser interpretadas como un sentimiento de frustración e impotencia frente a la percepción de que las escuelas estatales están en decadencia. Que miles de familias de manera anónima y sin inducciones externas hagan el sacrificio de afrontar la cuota de un colegio privado, además de pagar los cada vez más altos impuestos, merece considerarse como un “8N educativo”. Tiene similar impronta de reniego y protesta frente a la ineficacia en la gestión del Estado, pero con contenidos aun más sustantivos.
La percepción de las familias es consistente con lo que delatan las evaluaciones de la calidad educativa. La evaluación PISA del año 2009, que mide habilidades obtenidas en el sistema educativo por parte de jóvenes de 15 años, indica que la Argentina califica en un quinto lugar por detrás de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. A esto se suman enormes brechas de educación según el nivel de ingreso de los jóvenes. En esta misma evaluación la diferencia de desempeño entre estratos socioeconómicos de alto y bajo nivel de ingreso de la Argentina es mayor que la que prevalece, por ejemplo, en Chile.
El fracaso se explica por adherir a la lógica, tan simplista como equivocada, de suponer que incrementando el presupuesto público en educación automáticamente mejora la accesibilidad y la calidad. Aumentar los salarios docentes, construir escuelas y contratar más docentes sirve de muy poco si se descuida la gestión de los recursos educativos. Aquí radica la gran carencia del sistema educativo argentino. Con reglas vetustas que inducen y premian la mediocridad y los intereses espurios, el retroceso educativo se profundiza aunque se siga aumentando la inversión pública en educación.
Sería un grave error de diagnóstico asociar la masiva migración hacia las escuelas de gestión privada con la obsoleta antinomia entre “público versus privado”. Prueba de ello es que la educación privada tampoco “salva” a las familias de la decadencia educativa que sufre el país. Las experiencias más exitosas demuestran que se puede ofrecer amplia accesibilidad y educación de calidad con escuelas de gestión pública y privada. El tema sustancial no es ideológico sino de inteligencia y capacidad de gestión.