El reciente incremento en la Asignación Universal por Hijo fue presentado como un avance a favor de la equidad social. La realidad es que los aumentos aplicados apenas compensan –transitoriamente– la erosión que produce la inflación. Mientras que las sociedades genuinamente progresistas combaten férreamente la inflación, por sus costosos impactos económicos y sociales, en la Argentina se la utiliza para sustentar anuncios grandilocuentes a favor de los pobres pero que en realidad traen aparejados fuertes pero subrepticios ajustes en los ingresos de la población.
La inflación alta tiene asociada muy negativas secuelas económicas y sociales. Desde el punto de vista de las posibilidades de progreso económico, uno de sus principales efectos negativos es el desaliento a las inversiones productivas y la menor propensión al ahorro en moneda doméstica, ya que exacerba el consumo y la compra de dólares. Desde el punto de vista de la equidad social, la inflación es un activo redistribuidor regresivo del ingreso porque opera en contra de los hogares más pobres que tienen menos accesos a mecanismos para eludir o moderar la desvalorización de sus ingresos. Por estas razones, las sociedades que se guían por una visión progresista de largo plazo velan por la estabilidad de precios.
En sentido contrario, en los países más atrasados es frecuente que la práctica cotidiana sea hacer anuncios de “generosos” aumentos nominales de ingresos, mientras que el incremento de los precios opera licuando su valor real. La inflación encubre “ajustes” que de hacerse de manera explicita generaría muchas resistencias y tendría connotaciones políticas muy negativas.
La evolución en la Asignación Universal por Hijo desde su creación permite ilustrar estos procesos con un ejemplo concreto. En este sentido, se puede observar que:
- La Asignación Universal por Hijo fue creada en noviembre del 2009 con un monto de $180.
- En setiembre del año 2010 fue aumentada a $220 y en setiembre del año 2011 a $270; o sea, un incremento total del orden del 50% en casi 2 años.
- Según los datos oficiales de la Provincia de San Luis, el crecimiento de los precios al consumidor en el mismo período fue de aproximadamente 51%.
Los datos oficiales muestran que más allá de que el monto de la Asignación por Hijo fue incrementado en dos ocasiones y en niveles altos, en ambos casos apenas alcanzó para compensar la alta inflación acumulada. “Generosos” anuncios de incrementos de beneficios sociales luego son desvalorizados por los sostenidos incrementos de precios. Aún cuando el monto pasó desde $180 a $220 y luego a $270, en términos reales el valor promedio de la prestación fue de $162 a precios del 2009, es decir, un 10% menos que el valor originalmente fijado. Esto implica que, gracias a la inflación, el Estado generó un “ahorro” fiscal de aproximadamente $ 1.000 millones por año.
La lógica política de la inflación resulta muy atractiva. En un marco de incesante crecimiento de los precios es factible masificar los anuncios “positivos”, mientras que subrepticiamente la inflación opera como un permanente factor de “ajuste”. Si además se manipulan los índices oficiales de inflación, aumenta la fluidez bajo la que opera este perverso mecanismo. Ante la falta de precisión sobre la magnitud en que los precios crecen, los anuncios de incrementos de beneficios aparentan ser más generosos y el ajuste es más oculto. Similar proceso se da con otros componentes fiscales. Por ejemplo, con el simple artilugio de no actualizar o demorar la actualización los parámetros para el cálculo de las asignaciones familiares muchas personas que no mejoraron sus ingresos en términos reales dejan de tener derecho a este beneficio y/o pasan a pagar impuesto a las ganancias.
Se dice que Grecia debería aplicar la “estrategia argentina”. Es decir, salir del Euro, devaluar y dejar actuar a la inflación para licuar el valor de los salarios y las prestaciones sociales. Resulta tentador desde el punto de vista político, ya que permite “ajustar” sin hacerlo explicito. Hasta deja latente la posibilidad de aumentar, luego, nominalmente el gasto social –como en la Argentina con la creación de la Asignación Universal por Hijo– ya que siempre existirá, bajo este escenario, un nivel de inflación lo suficientemente alto como para licuar su valor real y ajustar de manera oculta las cuentas fiscales. Sin embargo, la experiencia argentina también demuestra que esta estrategia produce dividendos políticos de corto plazo, pero institucionaliza el engaño y corroe las posibilidades de crear un verdadero y sostenido proceso de progreso social de largo plazo.