Desarrollo: «El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) adhiere y convoca a la Marcha Federal Universitaria del miércoles 2 de octubre, y solicita al Presidente de la Nación el no veto a la Ley de Financiamiento Universitario», manifestaron desde la Universidad de Buenos Aires a través de un comunicado.
Por otra parte, la UBA le pidió a los legisladores nacionales que, de concretarse el veto de Milei a la ley de financiamiento, el Congreso «sostenga» la norma y «la introducción de las modificaciones correspondientes en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025».
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había pronunciado en esta dirección en las últimas horas al manifestar su «preocupación» frente a la «profundización del desfinanciamiento» que pone «al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario».
«El CIN levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino», expresaron a través de un comunicado.
Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, en el Ejecutivo se mantienen en «alerta» por la movilización universitaria, aunque la preocupación central en Casa Rosada pasaría por la caída en la imagen del Presidente, que atribuyen más a la suba de tarifas de los servicios públicos que al conflicto con las casas de estudio.
En materia de educación superior, las mismas fuentes deslizaron que el Gobierno tiene en carpeta la idea «incipiente» de transferir las universidades a las provincias, pero no sería una posibilidad sobre la que se fuera a avanzar de manera inminente.
Asimismo, fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien se refirió a la disputa presupuestaria con las universidades públicas al disertar en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, donde sostuvo que es necesario «pasar» de instituciones «dependientes de la política partidaria a independientes, con autarquía».
«Las universidades tienen que tener sus propios recursos para tener sus dinámicas de libertad, la universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos al Congreso», señaló Torrendell al citar al intelectual y pensador argentino José Manuel Estrada.
A continuación insistió en que «las universidades tienen que ser autónomas en materia económica, que no dependan de que todos los años un conjunto de actores estén negociando con el Poder Ejecutivo y el Congreso».
El titular de Educación planteó además que existe el desafío de «la descorporativización de las universidades y mejorar los salarios».
«Tenemos que pasar de universidades dependientes de la política partidaria a independientes, con autarquía», remarcó.
Sobre el inminente veto, Torrendell dijo que el Presidente «ha sido claro, cuando se aplican recursos tienen que tener la fuente de financiamiento, en la ley eso no está explicitado».
El Gobierno sostuvo además que el diálogo con las universidades «nunca se interrumpió» y señaló que las medidas de fuerza que anunciaron los sectores que pertenecen a las casas de altos estudios «no alimentan ese intercambio».
A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, desde el Ejecutivo dieron cuenta además de los aparentes «esfuerzos» realizados por la cartera que encabeza Sandra Pettovello para «garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales».
También destacaron el «incremento de los gastos de funcionamiento en un 270%» y la «atención especial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios».
Según detalló la cartera en cuestión, los hospitales vinculados a las casas de estudio «recibieron más de 49 mil millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 2024».
«En el caso específico de la UBA, del cual depende el Hospital de Clínicas, las transferencias representan el 94,8% de ese pedido adicional», precisaron desde Capital Humano.
Desde el oficialismo, argumentaron asimismo que «las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del Gobierno, que ha significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial».
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