Desarrollo: Tres hombres fueron procesados hoy en San Juan con prisión preventiva por explotar sexualmente a 21 mujeres en estudios webcam mediante una empresa denominada «Belle Argentina».
El Juzgado Federal de San Juan, a cargo de Leonardo Rago Gallo, dictó la medida por el delito de trata de personas, al tiempo que dictó un embargo de $10 millones contra dos de los acusados en grado de coautores, y otro de 3 millones de pesos para el tercero, imputado como partícipe necesario.
La resolución fue dictaminada en línea con el pedido realizado por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano.
La investigación determinó que los dos principales implicados eran dueños de la compañía y de diferentes domicilios ubicados en la capital de la provincia de San Juan donde habrían entrevistado, acogido y explotado sexualmente a las víctimas.
En tanto, el tercer involucrado sería el encargado de oficiar de «monitor» de las víctimas entre 19 y 30 años en medio de los streamings eróticos.
El magistrado interventor consideró que el capital producido por la banda ronda los 141 millones de pesos netos de ganancias generado en un plazo de dos años, lo que equivaldría a $6 millones de ingresos manuales.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos en cinco viviendas y los oficiales incautaron monitores, webcams, celulares, preservativos, cocaína, pendrives, entre otros documentos de interés para la causa.
En este sentido, el Ministerio Público de San Juan estableció que el modus operandi de los tres hombres para captar a las mujeres era el siguiente: la búsqueda de «talentos» se llevaba a cabo a través de ofertas laborales engañosas difundidas en las redes sociales y las mujeres debían tener la intención de «dar un giro en sus vidas».
En segundo término, las víctimas que cumplían los requisitos para esas ofertas eran entrevistadas por los principales imputados y en ese momento tomaban conocimiento que el ofrecimiento estaba vinculado a realizar streamings eróticos para usuarios de diferentes países del mundo a cambio de quedarse con el 50% del dinero producido -en dólares- en esas transmisiones.
Las víctimas recibían un “kit de iniciación” que constaba de diferentes tipos de objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de diferentes tamaños para su utilización durante los actos sexuales.
El pago se realizaba por semana o quincena, dependiendo de la elección de la víctima; los dos principales imputados usaban una serie de excusas para incumplir con la promesa de pago del 50% y les entregaban el 20%.
Los denominados “clientes” abonaban a través de “tokens” y/o criptoactivos mediante diferentes billeteras virtuales.
Las plataformas para la interacción tenían como común denominador la exigencia de un tiempo mínimo de ocho minutos, por los que se abonaban unos 200 tokens, lo cual equivalía a la misma cantidad en dólares.
El Juzgado Federal de San Juan, a cargo de Leonardo Rago Gallo, dictó la medida por el delito de trata de personas, al tiempo que dictó un embargo de $10 millones contra dos de los acusados en grado de coautores, y otro de 3 millones de pesos para el tercero, imputado como partícipe necesario.
La resolución fue dictaminada en línea con el pedido realizado por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano.
La investigación determinó que los dos principales implicados eran dueños de la compañía y de diferentes domicilios ubicados en la capital de la provincia de San Juan donde habrían entrevistado, acogido y explotado sexualmente a las víctimas.
En tanto, el tercer involucrado sería el encargado de oficiar de «monitor» de las víctimas entre 19 y 30 años en medio de los streamings eróticos.
El magistrado interventor consideró que el capital producido por la banda ronda los 141 millones de pesos netos de ganancias generado en un plazo de dos años, lo que equivaldría a $6 millones de ingresos manuales.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos en cinco viviendas y los oficiales incautaron monitores, webcams, celulares, preservativos, cocaína, pendrives, entre otros documentos de interés para la causa.
En este sentido, el Ministerio Público de San Juan estableció que el modus operandi de los tres hombres para captar a las mujeres era el siguiente: la búsqueda de «talentos» se llevaba a cabo a través de ofertas laborales engañosas difundidas en las redes sociales y las mujeres debían tener la intención de «dar un giro en sus vidas».
En segundo término, las víctimas que cumplían los requisitos para esas ofertas eran entrevistadas por los principales imputados y en ese momento tomaban conocimiento que el ofrecimiento estaba vinculado a realizar streamings eróticos para usuarios de diferentes países del mundo a cambio de quedarse con el 50% del dinero producido -en dólares- en esas transmisiones.
Las víctimas recibían un “kit de iniciación” que constaba de diferentes tipos de objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de diferentes tamaños para su utilización durante los actos sexuales.
El pago se realizaba por semana o quincena, dependiendo de la elección de la víctima; los dos principales imputados usaban una serie de excusas para incumplir con la promesa de pago del 50% y les entregaban el 20%.
Los denominados “clientes” abonaban a través de “tokens” y/o criptoactivos mediante diferentes billeteras virtuales.
Las plataformas para la interacción tenían como común denominador la exigencia de un tiempo mínimo de ocho minutos, por los que se abonaban unos 200 tokens, lo cual equivalía a la misma cantidad en dólares.
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