Desarrollo: El Gobierno argentino ha rescindido los contratos de alquiler de más de 70 oficinas en todo el país, según informó la Jefatura de Gabinete a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta medida, que forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos, permitirá un ahorro anual de $2.298.218.220. La decisión afecta a diversos ministerios y organismos estatales, y ha sido implementada para contribuir a la reducción del gasto público.
Las autoridades explicaron que la rescisión de estos contratos no solo busca reducir el gasto público, sino también optimizar el uso de los recursos del Estado. En total, se dieron de baja 71 contratos de alquiler, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251. La medida afecta a oficinas en provincias como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, entre otras, y en la Ciudad de Buenos Aires. Esta política se enmarca en una serie de acciones destinadas a mejorar la eficiencia en la administración pública.
En total, se han cerrado contratos de alquiler que abarcaban oficinas utilizadas por más de 3.500 trabajadores de diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, ANSES, AFIP, y otras. La mayoría de los empleados han sido relocalizados en propiedades del Estado Nacional, evitando así la interrupción de sus funciones. Esta reorganización también se enfoca en un uso más eficiente de los inmuebles ya disponibles dentro del patrimonio estatal.
El Ejecutivo nacional ha anunciado que esta política de rescisión de contratos de alquiler continuará, con planes para dar de baja 106 contratos adicionales. Esta acción se enmarca en la estrategia del Gobierno de controlar y reducir el déficit fiscal mediante la racionalización del uso de los recursos públicos. Las autoridades sostienen que estas medidas son esenciales para lograr una administración más eficiente y transparente.
El impacto de estas decisiones se evaluará en los próximos meses, mientras el Gobierno continúa con sus esfuerzos para optimizar la gestión del patrimonio estatal. La implementación de nuevos controles y procedimientos para el alquiler de oficinas será clave para asegurar que los ahorros proyectados se realicen y contribuyan significativamente a la reducción del gasto público.
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