Desarrollo: El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, declaró que no se emplearon fondos públicos para la construcción de caniles en la Quinta de Olivos. Este dictamen fue solicitado por Karina Milei para aclarar las dudas surgidas sobre la financiación de estas instalaciones. Según el procurador Rodolfo Barra, los gastos asociados no provinieron del Tesoro Nacional y son considerados asuntos de carácter privado y familiar.
La polémica se intensificó tras varias solicitudes de acceso a la información pública que pretendían conocer detalles específicos sobre los perros del presidente, como sus nombres, razas, edades y tipo de alimento. Sin embargo, el Gobierno argumentó que estos datos no tienen relevancia pública y, por tanto, no deben ser divulgados bajo la ley de acceso a la información pública. Barra defendió esta postura destacando que el propósito de la ley es asegurar la transparencia en la función pública, no satisfacer la curiosidad sobre cuestiones privadas.
El dictamen sugiere la necesidad de modificar la ley para prevenir solicitudes que no estén relacionadas con la actividad estatal, como las que buscan detalles irrelevantes de la vida privada de los funcionarios. Barra calificó estas peticiones como abusivas, ya que desvían recursos y personal del Estado hacia asuntos intrascendentes. Este planteo fue respaldado por otros funcionarios del Gobierno que consideran vital concentrar los esfuerzos en cuestiones de verdadera importancia pública.
En una entrevista con CNN, el presidente Javier Milei explicó su rutina diaria en la Quinta de Olivos, mencionando a sus cinco perros y los caniles construidos para ellos. Estas declaraciones avivaron el debate sobre la existencia y financiamiento de dichas instalaciones. El periodista Juan Luis González, autor de una biografía sobre Milei, criticó al mandatario por confundir la realidad con sus invenciones, generando aún más controversia.
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