Desde diciembre del año pasado, la ayuda alimentaria destinada a los comedores y merenderos ha sido significativamente recortada, lo que ha exacerbado una problemática persistente de retrasos e incumplimientos. En Córdoba, los comedores y merenderos son principalmente gestionados por organizaciones sociales, instituciones religiosas y grupos de vecinos, con una mínima asistencia gubernamental.
Estos comedores se mantienen operativos gracias al esfuerzo comunitario y actividades autofinanciadas como bingos y ventas de alimentos. La reducción de recursos ha obligado a muchos comedores a disminuir sus jornadas y raciones diarias, pasando de ciento cincuenta a setenta porciones. La demanda, sin embargo, sigue en aumento, con un mayor número de personas empleadas formalmente y jubilados acudiendo en busca de ayuda alimentaria.
Además de la cantidad, la calidad de los alimentos ha disminuido drásticamente. Lo que antes incluía verduras y carne, ahora se limita a opciones más económicas como pollo y alitas. Esta situación plantea un desafío nutricional importante, afectando la calidad de la alimentación de las personas que dependen de estos servicios.
La situación crítica ha llevado a los comedores a buscar apoyo en diversas fuentes, incluyendo empresas locales y donaciones institucionales. La colaboración comunitaria es esencial, pero también es crucial que el gobierno aumente su apoyo para satisfacer la creciente demanda y mejorar la calidad de los alimentos distribuidos.
El esfuerzo de la comunidad para mantener estos servicios es evidente, pero se necesita una mayor intervención gubernamental para asegurar que los comedores puedan seguir operando de manera sostenible y efectiva. La urgencia de esta necesidad se refleja en la rapidez con la que se agotan los recursos disponibles en las ollas populares.
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