La jueza de Control y Faltas Anahí Hampartzounian confirmó que cinco líderes piqueteros y el secretario General de ATE, Federico Giuliani, serán sometidos a juicio por un corte total de calles durante una protesta realizada en abril del año pasado en el centro cordobés. Esta decisión surge luego de la elevación a juicio formulada por el fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno I, Ernesto de Aragón, quienes los habían imputado como presuntos autores de los delitos de «desobediencia a la autoridad» e «impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos».
Los hechos investigados se produjeron el 5 de abril de 2023 en la esquina de avenida Colón y General Paz, donde se llevaron a cabo los cortes de calles que motivaron la acción judicial. La resolución de la jueza destaca la gravedad del caso, argumentando que el derecho a circular fue aniquilado durante la protesta, afectando a un número indeterminado de personas que se vieron impedidas de ingresar o salir de sus domicilios, acceder al transporte público e incluso recibir atención médica de emergencia.
Los acusados pertenecen a diversas agrupaciones, como el Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur y al gremio ATE Córdoba, incluyendo a Emanuel Berardo del PO. Aunque los dirigentes aún no se han pronunciado sobre la confirmación de la elevación a juicio, se espera que el proceso judicial arroje luz sobre los acontecimientos y las responsabilidades de los involucrados en el bloqueo vial.
La normativa aplicable establece penas para quienes obstruyan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos, reflejando la gravedad de los delitos imputados a los líderes gremiales y piqueteros. Esta situación genera un debate sobre los límites del derecho de protesta y la necesidad de garantizar el orden y la seguridad en el espacio público.
El caso ha generado atención pública debido a su relevancia en el contexto social y político de la región. La resolución de la jueza marca un precedente en la relación entre el ejercicio de la protesta y el respeto por los derechos de los ciudadanos, enfatizando la importancia de la convivencia social ordenada y respetuosa.
La sociedad cordobesa observa con interés el desarrollo del proceso judicial, esperando que se impartan justicia y se esclarezcan los hechos ocurridos durante la protesta del 5 de abril de 2023. La decisión de llevar a juicio a los dirigentes gremiales y piqueteros marca un hito en la historia judicial de la provincia, demostrando la determinación de las autoridades en defender el estado de derecho y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. tags: [protesta, juicio, cortes de calles, líderes piqueteros, derecho de protesta]
Los hechos investigados se produjeron el 5 de abril de 2023 en la esquina de avenida Colón y General Paz, donde se llevaron a cabo los cortes de calles que motivaron la acción judicial. La resolución de la jueza destaca la gravedad del caso, argumentando que el derecho a circular fue aniquilado durante la protesta, afectando a un número indeterminado de personas que se vieron impedidas de ingresar o salir de sus domicilios, acceder al transporte público e incluso recibir atención médica de emergencia.
Los acusados pertenecen a diversas agrupaciones, como el Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur y al gremio ATE Córdoba, incluyendo a Emanuel Berardo del PO. Aunque los dirigentes aún no se han pronunciado sobre la confirmación de la elevación a juicio, se espera que el proceso judicial arroje luz sobre los acontecimientos y las responsabilidades de los involucrados en el bloqueo vial.
La normativa aplicable establece penas para quienes obstruyan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos, reflejando la gravedad de los delitos imputados a los líderes gremiales y piqueteros. Esta situación genera un debate sobre los límites del derecho de protesta y la necesidad de garantizar el orden y la seguridad en el espacio público.
El caso ha generado atención pública debido a su relevancia en el contexto social y político de la región. La resolución de la jueza marca un precedente en la relación entre el ejercicio de la protesta y el respeto por los derechos de los ciudadanos, enfatizando la importancia de la convivencia social ordenada y respetuosa.
La sociedad cordobesa observa con interés el desarrollo del proceso judicial, esperando que se impartan justicia y se esclarezcan los hechos ocurridos durante la protesta del 5 de abril de 2023. La decisión de llevar a juicio a los dirigentes gremiales y piqueteros marca un hito en la historia judicial de la provincia, demostrando la determinación de las autoridades en defender el estado de derecho y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. tags: [protesta, juicio, cortes de calles, líderes piqueteros, derecho de protesta]