La Justicia salteña inició en las últimas horas una investigación para determinar si funcionarios públicos de esa provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Este viernes, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una causa de oficio para determinar si los hechos denunciados a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas
La noticia da cuenta que unos 52 concejales de 32 municipios salteños figuran en los registros del IFE.
En la publicación dice que los DNI de estos concejales figuran en los registros de trámites de Anses para el cobro de los 10 mil pesos.
“El primer paso es la identificación de todas las personas, para que sepan que se los está investigando y determinar a quiénes se les otorgó este beneficio y quienes se habrían inscripto y no habrían cobrado”, explicó la fiscal
Dijo, además, que no sería el primer caso similar que ocurre en Salta. “Esperamos los informes y para determinar si hubo un perjuicio en contra de la administración pública y hacer las imputaciones la semana que viene”, afirmó.
La concejal de Rivadavia Banda Norte, María del Valle Torres, quien admitió haber cobrado el IFE y pidió disculpas.
«Sí, he recibido el primer sueldo. Pensé que no me lo iban a otorgar porque tengo un puesto público. Mi familia forma parte de los sectores vulnerables. Mis padres son changarines y yo, hasta el año pasado, trabajé de niñera y empleada doméstica», señaló.
«Me equivoqué esta vez, supe que esto podía pasar. La plata la destiné a gente que la necesitaba. Me hago cargo de lo que hice. Pido disculpas a la gente por haber cometido este error», agregó.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal abrió la causa que se basa en el artículo 241 del Código Procesal Penal, el que establece que «conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho».
Al IFE pueden acceder trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, y también trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas.
Como toda medida de carácter excepcional, y según el Ministerio Público Fiscal salteño, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.
También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
Sonia Escudero, del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, explicó que es “una defraudación a las arcas públicas robarse el dinero destinado a los sectores más vulnerables en medio de una pandemia”.
“El concejo deliberante pedirá la expulsión de los implicados”, aseguró y bregó por la reforma de la constitución provincial, para que los ciudadanos revoquen el mandato a quien defraude a la ciudadanía.
En Salta, unas 322.416 personas perciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
