Tras una jornada de versiones encontradas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, llamó anoche al presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, para avisarle cuál era la decisión que había tomado el Gobierno respecto del programa “Precios máximos”. Le habló de una nueva prórroga del plan por 60 días y también le dijo que sólo iban a autorizar “micro” ajustes en algunos sectores/empresas muy puntuales.
La extensión del programa, que mantiene congelados los valores de más de 2.000 productos de consumo masivo desde el 20 de marzo, no generó tanto asombro entre los empresarios debido a que no imaginaban que, en medio de la actual crisis económica, el Gobierno deje liberados los precios. Pero sí sorprendieron los 60 días.
Lo que les genera algo de expectativa es el mensaje de Kulfas sobre que algunos aumentos puntuales autorizará, en función del análisis de costos que viene haciendo junto a su equipo desde las últimas semanas. ¿Quiénes serán los elegidos? Esa es la gran pregunta que se hacen los industriales, aunque varios coinciden en que los más afectados por la suba del dólar –que escaló de $59 a $72 desde marzo– son los que tienen una alta incidencia de los commodities, como la harina o el aceite.
“Están trayendo la información y estamos viendo los costos. Estamos hablando con todos los sectores y las empresas estuvieron acompañando”, dijeron fuentes de Desarrollo Productivo. Desde Copal, en tanto, aseguran que las compañías ya le acercaron toda la información y ahora resta que el Gobierno defina a quién autorizarle aumentos y a quién no. La extensión del programa será publicada mañana en el Boletín Oficial
Las empresas acumulan seis meses de incrementos de costos. La inflación, el impacto de la devaluación sobre los insumos importados, las subas de salarios de rangos del 20% promedio, los costos logísticos; y los sobrecostos por todas las medidas que las compañías tuvieron que tomar por los protocolos y porque el 30% de la dotación está licenciada explican la necesidad de aumentos, en una actividad que, en el mejor de los casos, está trabajando al 50% de la capacidad instalada”, había precisado Funes de Rioja a este medio días atrás.
El Gobierno reconoce que hay casos en los que se justifica que se autorice algún retoque por la variación del tipo de cambio en estos últimos meses, pero lo hará con extremo cuidado porque en el actual contexto económico, no sería “políticamente correcto” permitirle aumentos a las empresas.
Este plan, lanzado en marzo conjuntamente con la cuarentena obligatoria para cuidar el bolsillo de los consumidores en momentos de parálisis de la economía, ayudó a contener la inflación, que en mayo fue del 1,5% con un alza de apenas 0,7% en el rubro alimentos y bebidas.
El sector privado entiende eso y también reconoce que subas importantes en los precios afectarían las ventas, que ya en mayo comenzaron a deprimirse nuevamente, luego de la burbuja de marzo y abril. Pero aseguran que algo deben subir porque los costos siguen en alza y en los últimos meses los márgenes de rentabilidad se vieron fuertemente reducidos. El promedio de aumentos reclamado por las empresas gira en torno al 15%, aunque las más complicadas pudieron más de 20 por ciento.
Algunas empresas ya enviaron listas con aumentos a los supermercados, anticipándose a la decisión oficial, pero hasta ahora las cadenas se resistieron a aceptar esas subas. Lo que, advierten, podría suceder a partir de la decisión de prorrogar nuevamente el programa es que comience a haber faltante de mercadería en algunos puntos de venta.