La Carlota no fue la excepción y mantuvo una gran convocatoria de profesionales de la salud que se concentraron en la plaza San Martín y desde allí iniciaron una ruidosa caravana por calle Vélez Sarsfield, para continuar por Hipólito Irigoyen hasta la rotonda del Bicentenario y retornar nuevamente a plaza San Martín.
Las recientes imputaciones de la Justicia a colegas, por el brote de contagios en el geriátrico de Saldán, fue la gota que rebasó el vaso, aseguran.
No es fácil para nadie convivir con la enfermedad, el dolor y la muerte. Los integrantes del equipo de salud lo hacemos a diario; forma parte de nuestra razón de ser. Así como es aún más difícil enfrentar la posibilidad de contagio, tanto propio como de nuestros afectos. Pero lo más difícil de aceptar es la posibilidad de convertirnos solamente en una estadística, ni que el sacrificio personal modifique la realidad con la que convivimos desde hace mucho tiempo”, señaló un comunicado de la Federación Médica de la provincia en la convocatoria.
Hacemos propia una frase remanida. No somos héroes pero tampoco villanos. Transitamos entre la admiración y el escarnio, entre los aplausos y la discriminación, entre el reconocimiento y la agresión.
Salimos a la batalla con recursos mínimos, con muchas carencias pero, a pesar de ello, seguimos adelante. Lo paradójico es que mientras nos debatimos para cuidar, de la mejor manera posible, la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin retacear esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados de ‘propagar la pandemia y propiciar el contagio’.
Entonces, a todo lo anterior debemos sumar la preocupación de ser imputados por la Justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado hasta el hartazgo, sin nunca haber sido escuchados”.
La movilización se impulsó a partir de las causas judiciales en contra de dos médicos del geriátrico de Saldán. Se trata de Lucas Figueroa, imputado -a prima facie- por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, y del director médico de la Residencia Geriátrica, Marcelo Santiago Lázaro, por considerar que habría incurrido en la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor.
Ante el rechazo que generaron estas actuaciones, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), a cargo de Andrés Godoy, emitió ayer un comunicado en el que aseguraron que las medidas están vinculadas “a dos profesionales médicos específicamente”.
“De ninguna manera tiene vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria”, remarcaron desde la Fiscalía.