El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa por el que la Anses desde abril y hasta los primeros días de mayo transfiere $ 10.000 a cerca de 8,7 millones de personas, tendrá una segunda tanda en junio. Un “refuerzo”, según la terminología que utilizan ahora en el organismo en el que recientemente asumió Fernanda Raverta, que no implica una repetición: si bien el universo de alcanzados se mantendrá similar, no necesariamente el dinero que recibirán las familias beneficiarias será el mismo.
Bajo la conducción de su antecesor, Alejandro Vanoli, el bono extraordinario fue diseñado originalmente para alcanzar a 3,6 millones de hogares, un error de cálculo que llevó a un esfuerzo económico más de dos veces mayor que el planificado. Ahora, mientras se define un nuevo calendario de pago que concentre en un período más corto un operativo que tomó ocho semanas para el primer desembolso, también analizan modificar el monto que será transferido a cada familia beneficiaria.
El esfuerzo para el ente previsional terminó siendo mucho mayor de lo estimado originalmente. Lo que se planificaba como una erogación de $ 36.000 millones terminó siendo blanqueada como cuando pocas semanas después de haber sido diseñada la Oficina de Presupuesto del Congreso dio a conocer que la partida asignada llegaba a los $ 89.000 millones.
La flamante gestión de Raverta trabaja en estos días en distintos frentes, en un intento por corregir los problemas que terminaron con el pedido de renuncia a Vanoli. El operativo de pago, no solo del IFE sino de jubilaciones, pensiones y el resto de las asignaciones que abona, está siendo revisado para evitar demoras y aglomeraciones como las que se vieron cuando se reabrieron los bancos.
Por ejemplo, algunos centros de atención presencial de Anses están volviendo a trabajar a puertas cerradas en estos días, en forma muy gradual. Los trámites presenciales que se realizan en esas oficinas quedaron interrumpidos cuando todo el personal fue enviado a sus casas a causa de la cuarentena obligatoria. Ahora, con personal reducido, el trabajo está enfocado en hacer avanzar esos trámites abandonados durante los días de aislamiento social obligatorio.
El siguiente paso es abrir esas sedes para la atención al público. En el entorno de Raverta creen que ya es momento de empezar, de a poco y en sectores muy específicos del país, a atender otra vez en persona. Sin embargo, el miedo que genera esa reapertura es que se genere un aluvión de personas tratando de llevar adelante trámites que se pueden hacer a distancia o por Internet, la llegada de beneficiarios sin turno tratando de hacer averiguaciones que se pueden solucionar en forma telefónica y todo tipo de actividad presencial que resulte innecesaria. En otras palabras, nuevas imágenes de hileras de personas -muchas de ellas en edad de riesgo por la pandemia de coronavirus COVID-19- pero ahora en las puertas de los centros de atención.
Por eso, cuentan que están diagramando una apertura gradual, de a pocas sedes por vez y en zonas del país donde la circulación viral es muy baja o nula. El Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el virus pega más fuerte, no debería estar primera en esa lista.
Todavía hay trámites clave que solo se pueden hacer en forma presencial. Un ejemplo es el inicio del trámite de jubilación, de ahí la necesidad de volver a atender en persona.
En la Anses creen que en este punto la comunicación va a ser clave. Si se erra en el mensaje y la población de destino entiende que se trata de una reapertura indiscriminada, las filas y el riesgo de contagio se van a repetir. Quieren tener mucho cuidado en hacer llegar que la reapertura será gradual, en sedes específicas, con turno previo, personal reducido y medidas para mantener el distanciamiento entre empleados y entre beneficiarios. Por ejemplo, en algunas de esas oficinas ya se trabaja en el rediseño de la planta de escritorios y en la construcción de mamparas que ayuden a mantener el distanciamiento. Y remarcar que no va a haber atención espontánea.
Refuerzo
Mientras tanto, con los tiempos en contra, buscan diseñar el “refuerzo” del IFE, el segundo pago del bono extraordinario. Uno de los puntos que preocupan es el tiempo que se tarda en completar todos los pagos. El cronograma de la primera ronda del IFE tomó ocho semanas. Raverta ya dijo en público que quieren un cronograma más corto. Aprovecharían, algo que no estaba disponible al principio, el hecho de que ahora las sucursales de bancos están abiertas y ya encontraron un método para trabajar con turnos y límites a la cantidad de clientes. El correo, el método más lento para el pago, va a ser minimizado dentro de lo posible. Los pagos con o sin tarjeta de débito en cajeros automáticos, mientras tanto, se van a tratar de utilizar al máximo.
Pero más allá del operativo de pago, el monto también está en danza. No es un hecho que ese refuerzo sea también de $ 10.000 por familia beneficiaria. “Es lo más probable pero no está definido”, dijeron fuentes de Anses. Son más de 8 millones los inscriptos al beneficio y todavía falta revisar muchos casos, estiman que el número final va a estar más cerca de los 9 millones. “Es un esfuerzo muy grande, que superó las expectativas”, dijeron en el organismo.
El 3 de junio termina el calendario de pago de la primera tanda del IFE. Para ese momento está previsto el anuncio del cronograma para el refuerzo. Y con el cronograma, cuál será el monto en esta ocasión. Aunque se repita el valor original de $ 10.000, el organismo parece querer hacer valer el esfuerzo que supone -dado el déficit público- la necesidad de forzar recursos que no abundan y que han forzado al Banco Central a emitir dinero para financiar los nuevos gastos.
Y, por otro lado, quieren remarcar el carácter extraordinario del beneficio. No quieren que las familias que lo percibieron entiendan que se trata de una mensualidad que se va a repetir en forma indefinida, ni que hagan previsiones a futuro dando por hecho que lo van a percibir, lo que podría generar gastos difíciles de cubrir cuando se interrumpa.