El Ministro de Energía de la Nación anunció a los ombudsman de todo el país la realización de al menos dos audiencias públicas antes de fin de año para efectuar una revisión integral de las tarifas. En ese lapso también se regularizaría el Enargas.
En cuanto a las Tarifas Sociales, se revisaran criterios conjuntamente con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Social.
El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba Hugo Pozzi junto a los miembros de ADPRA mantuvieron una reunión con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, para plantearle la difícil situación que atraviesan las distintas provincias luego de los incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos, y solicitarle la ampliación de la Tarifa Social a todas las entidades sin fines de lucro y clubes de barrio.
Además de comprometerse a revisar los cuadros tarifarios del gas y la energía eléctrica, Aranguren adelantó que, por resolución conjunta con el Ministerio de la Producción, habrá una reducción de un 20% para las pequeñas y mediana industrias electro intensivas. Respecto de la situación de entidades de bien público, el titular de la cartera de Energía informó que se está trabajando en la reglamentación de la ley que establece una tarifa diferenciada para estas instituciones, la que estará lista en los próximos días. En cuanto a los clubes de barrio, estos recibirán un subsidio equivalente al 40% de la tarifa, hasta tanto se reglamente la ley específica para estas entidades.
Durante el encuentro que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de junio, los Defensores del Pueblo de la República Argentina solicitaroninstruir a las empresas prestatarias y a los entes respectivos a adoptar medidas para evitar el corte o interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago, y contemplar otras medidas alternativas para todos aquellos usuarios que no puedan afrontar los incrementos establecidos en los nuevos cuadros tarifarios. También que se implementen mecanismos ágiles, eficientes y accesibles para que los usuarios accedan a los beneficios de la tarifa social.
Los Defensores le manifestaron a Aranguren «una profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios».
Asimismo, subrayaron que «los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales” y que “la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia».