En cuanto a los fundamentos señalados en el primer caso, referido a la necesidad de que el poder ejecutivo provincial derogue la aplicación del decreto 1532/2013 que dispone declarar sujetas al pago de peaje cuatro rutas provinciales a saber: 1, 13,17 y E-57 se remarcó
La derogación del decreto 1532/2013 persigue como finalidad la exención del cobro de peaje sobre las rutas provinciales Nº 1 (que une a la Ciudad de San Francisco con la Ciudad Monteros), la Nº 13 (que comunica a la Pilar con la localidad de El Fortín), la Nº 17 (desde Cañada de Luque con el límite de la Provincia de Santa Fe en la localidad de Seeber) y la ruta E-57 (Camino El Cuadrado).
Fundamentalmente, dentro de los motivos que llevan a tomar tal determinación encontramos, por un lado, la absoluta superposición tributaria que existe entre el cobro del peaje y la aplicación de la mal llamada tasa vial, por otro, encontramos las opiniones de los usuarios que utilizan estas vías de comunicación en cuestión, que solicitan que las rutas se pongan en condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad antes de avanzar en este tipo de medidas que persiguen un fin netamente recaudatorio. Los motivos precedentemente expuestos resultan más que suficientes para dejar sin efecto la idea del cobro de peaje a quienes transiten por estas rutas descriptas.
Por otra parte se solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitre con el fin de destrabar el conflicto suscitado en el Registro General de la Provincia de Córdoba, que se centra básicamente en el estado de asamblea permanente dispuesta por la planta de empleados de dicha repartición.
En este sentido se ordena la realización de las providencias necesarias para brindar la mayor seguridad jurídica, no solo a los empleados y funcionarios del Registro General de la Provincia de Córdoba, sino también a todos sus usuarios. Que se Arbitre todos los medios disponibles para reestablecer en un plan a corto plazo los servicio en condiciones óptimas de trabajo.En cuanto a los fundamentos remarcados por el Bloque del Frente Cívico y social encontramos los siguientes ítems.
El Registro General de la Provincia de Córdoba, lleva varios días de asambleas permanentes. El estado de asamblea permanente resulta ser una medida compleja y hasta extrema si se quiere, pero no por ello ilegitima. El reclamo y pretensiones del cuerpo de empleados se encuentra centrado fundamentalmente en la falta de seguridad jurídica, causal que han originado las distintas medidas de fuerza, este reclamo de falta de seguridad jurídica abarca a funcionarios y empleados en el ejercicio de sus labores diarias.
En la actualidad existen alrededor de treinta juicios por la famosa “mega causa del Registro” que tiene como parte a empresarios, escribanos, abogados y empleados del mismo, quienes supuestamente habrían vendido, comprado y cedido propiedades.
A consecuencia de lo precedentemente referido, al día de hoy, los empleados no quieren firmar ni siquiera la consulta de una Matricula o un Dominio, mucho menos un certificado de Escribano, todo por temor a que por error u omisión involuntaria pudieran quedar involucrados en conflictos judiciales, como lo están viviendo hoy tres de sus compañeros. El problema no solo es solo de la planta de empleados, sino también de todos los usuarios, quienes por cierto pagan tasas por un servicio que el estado no brinda, obligándolos con ello a tener que resentir cualquier tipo de operación o trámite, lo que evidentemente provoca serios inconvenientes de carácter económico y de tiempos.