Por una justicia independiente.

En un parte de prensa a nuestra emisora la UCR hace extensivo a la población el documento “por una justicia Independiente” elaborado ayer martes por la noche en el comité  provincial de la UCR

 La UCR de Córdoba no puede dejar de hacer pública su preocupación ante los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura que propicia el Gobierno Nacional. No se trata de patentizar un desacuerdo con una política de gobierno, sino de alertar a toda la ciudadanía del modo en que se pretende avanzar sobre el Estado de Derecho y las libertades personales. Como dijera el Fiscal Strassera, el Ejecutivo ya tomó el poder en el Congreso y ahora va por la Justicia. Debemos tomar debida conciencia que la forma republicana en la Argentina está a punto de convertirse en una mera ficción, reduciéndose el Estado de Derecho a una simple cuestión ritual de elecciones periódicas, pero el numen republicano está a punto de desaparecer a partir de la concentración de poder producida por el Ejecutivo que no sólo administra, sino que además –desde hace tiempo- legisla y ahora también juzgará. Ha entrado la Argentina en el mismo proceso de los sistemas autoritarios cuasifacistas europeos del siglo XX. Por lo tanto no podemos los hombres y las mujeres de bien y con principios democráticos que habitamos este país, cualquiera  sea nuestra ideología, permanecer indiferentes ante esta situación.

Toda la perversamente llamada “democratización judicial” se dirige a un solo fin cual es hacer posible que el Poder Ejecutivo por sí solo disponga a qué jueces se nombra y a qué jueces se echa. A partir de allí todo lo demás deviene en accesorio. Nada importa si las Cámaras de Casación son buenas o malas, si las cautelares podrán o no dictarse, si los jueces encargados de administrar justicia son esbirros del mandón de turno. El maestro Sagües hace varios años decía  “la integración del Consejo de la Magistratura es el secreto de su éxito o fracaso, la clave de su autonomía o de su dependencia. Saber cuáles son las cuotas reales de poder que cada sector de la clase política tiene en él, importa también conocer quién manda en su seno. Tal es el meollo del citado Consejo”. Por eso es que la cuestión esencial es cómo se conforma el Consejo, y éste es el fin perseguido por el gobierno: Tener un Consejo adicto, para a partir de allí, tener jueces y Cámaras adictas, y echar a todos aquellos

magistrados que no lo son o que por lo menos no han declarado y demostrado su fidelidad al régimen. Y a partir de estos lacayos judiciales proceder a paralizar, agilizar, archivar causas conforme el interés del gobierno como también acusar, procesar e incluso condenar al adversario, como también

Archivar, sobreseer y absolver al amigo del poder. Esta es la gravedad de la cuestión, y el riesgo nos abarca a todos, radicales, peronistas, socialistas, indiferentes, etc., nadie va a quedar a salvo de esta absoluta desprotección. Cuando un  país pierde a la justicia como poder independiente, se convierte en una republiqueta donde para adentro resulta imposible la vida en común y para afuera recibe el escarnio de la sociedad de las naciones civilizadas del mundo que entienden que la previsibilidad jurídica es el valor esencial de una nación ya que de ella depende la confiabilidad que la misma despierta.

Toda la doctrina constitucional ha sostenido desde siempre que los jueces deben brindar garantía de imparcialidad y solvencia técnica, por ello es que tienen impedido participar en la vida política y deben ser designados y removidos conforme procesos despojados de toda influencia y con rigor científico y técnico. Esto desaparece con el proyecto del ejecutivo donde los jueces, los abogados y los académicos que integrarán el Consejo están obligados a tener filiación política toda vez que deberán formar parte de la lista de candidatos de un partido. Por otra parte la ley actualmente vigente garantiza la participación del interior del país en la conformación del Consejo ya que por lo menos en los estamentos de abogados y jueces debe haber representantes

del interior y el académico es designado por el Consejo Interuniversitario Nacional que integran todas las Universidades Nacionales. Esto también desaparece con lo cual no hay más garantías que el interior pueda tener representación en el organismo. Por otra parte se elimina también el carácter técnico indisoluble a la función del órgano, tiene dicho la doctrina “el Consejo de la Magistratura debe cumplir una función eminentemente técnica, ya que se trata de valorar la preparación, antecedentes y potencial desempeño, y nada más. Por ello decimos que los CM deben ser institutos conformados con criterio y espíritu técnico, conforme con la tarea que le toca; y político, sólo en cuanto son instituciones que deben servir a la organización del Estado, seleccionando a los mejor preparados para la administración de justicia.” Por eso es que la actual ley establece que los académicos deben pertenecer a las facultades de derecho. El gobierno elimina también esta condición.

Y por último el número de consejeros se modifica, y ello no es inocente, allí está la clave que revela el fin perseguido por la presidenta porque el Gobierno no ha podido lograr penetrar a los cuerpos de abogados, académicos y jueces, por lo que se ha visto impedido de colocar mayoritariamente personas afines a él en estos estamentos y confía en que llevándolo al terreno electoral, la lista sábana le dé las mayorías que de la otra manera no tiene.

Así es que hoy el Consejo tiene 13 miembros de los cuales hay 5 que no son obedientes con los caprichos del ejecutivo por lo que éste se encuentra impedido de hacer su voluntad en el organismo ya que las resoluciones deben tomarse con 2/3 de los votos, y ésta imposibilidad de meter mano en la justicia la enerva a la presidenta y a los cortesanos que la rodean.  Entonces el proyecto propicia que el Consejo pase a tener 19 miembros y como, en su delirio, da por descontado que ganará las elecciones, se imagina lograr un cuerpo en el que el kirchnerismo tendrá 13 miembros y la oposición 6, disminuyendo la mayoría necesaria para resolver de 2/3 a mayoría absoluta. Pero además, es tan perverso el propósito, que incluso han pensado que los actuales consejeros no pueden ser removidos por lo que durante dos años el cuerpo tendrá 25 integrantes, así es que sumando los nuevos y los actuales el gobierno tendrá 16 voluntades del total, y al reducirse la mayoría contará con el número suficiente para imponer su voluntad inmediatamente después de la elección.

Decimos y alertamos a la ciudadanía toda, que se equivocan los que creen que esta es una cuestión de abogados. No es así. Esto afecta directamente a todos los argentinos ya que Oyarbide pasará a ser el paradigma de la judicatura nacional, todos los jueces deberán ser como él y los que por dignidad, solvencia técnica y principios se resistan a la mimetización deberán irse o serán echados.

Llamamos a los legisladores nacionales que voten en contra de este atropello y que las votaciones se hagan nominalmente para que quede memoria de quienes son los que entregan la República, y en caso que la mayoría gubernamental se imponga siguiendo los designios de la presidenta, que sea el pueblo el que en la próxima elección con su voto en contra de la lista oficial torne imposible el propósito presidencial de eliminar a una justicia independiente como último valladar de resguardo de los derechos de los habitantes de la Nación.-

Defendé tus derechos. Defendé tu libertad.

Hoy está en tus manos el futuro de la democracia que los argentinos
conseguimos con dolor. El 18 de abril acompañamos por una justicia igual para todos.

                           UCR: Comité Central de la Provincia de Córdoba