Fuente: IDESA
Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
Las soluciones pasan por fijar tarifas que refleje los costos reales junto con un esquema de “tarifa social” para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad. En paralelo, reconocer que el déficit de inversiones que no se hicieron en más de una década, no se revierte creando un fondo estatal adicional a los mucho que ya se crearon. Hay que aprender de los países avanzados, incluso Brasil o Chile, que invierten en infraestructura con articulaciones público-privadas. En este esquema, el Estado programa y controla inversión y calidad de los servicios, y los privados aportan financiamiento, hacen las obras y operan el servicio, recuperando el costo dentro de la tarifa.