El proyecto había sido presentado por la presidenta Cristina Fernández hace 14 meses. La senadora cordobesa Norma Morandini aseguró que el Gobierno confunde prensa con propaganda.

Buenos Aires. El kirchnerismo logró convertir en ley el marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel de diario, una norma que le abre las puertas al Gobierno para quedarse con el control accionario de Papel Prensa SA, la única empresa que elabora y comercializa este insumo. Por 41 votos contra 26, el oficialismo aprobó ayer en el Senado el proyecto que la presidenta Cristina Fernández mandó al Congreso hace 14 meses. El mismo fue defendido por los legisladores K aduciendo que la norma permitirá “el acceso igualitario al papel a todos los periódicos del país”.

Papel Prensa es una empresa de capitales mixtos, dado que los dos diarios más grandes del país, Clarín y La Nación , tienen la mayoría de las acciones y el Estado nacional mantiene una posición minoritaria.

La pelea que el Gobierno sostiene con la prensa crítica no estuvo ausente en el caliente debate de ayer en el Senado.

La norma aprobada por el Congreso le confiere al Ministerio de Economía amplias facultades para regular el mercado de papel para diarios a fin de establecer un precio único para el insumo y garantizar así el acceso equitativo a todos los periódicos. Para ello, a través de una serie de medidas, se limita las ganancias de los privados que operan la empresa. A estos accionistas además se les aplican dos cláusulas transitorias que son las que le abren camino al Gobierno para quedarse con Papel Prensa. La primera los obliga a realizar un ambicioso plan de inversiones a fin de satisfacer toda la demanda local (hoy es satisfecha en un 70%).

La segunda cláusula establece que si los privados no pueden cumplir con estas inversiones, el Estado pondrá la plata pero aumentará proporcionalmente su participación accionaria.

Viola la Constitución. Frente a este escenario, la oposición repitió ayer en el Senado que la ley sancionada viola la Constitución, ya que esta consagra el derecho a la libertad de expresión, que se vería en riesgo si el Gobierno empieza a decidir a quién se vende papel y a quién no. La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Amplio) explicó que todos los tratados internacionales que defienden la libertad de prensa lo hacen como consecuencia de las grandes tragedias del siglo 20, cuando el nazismo y el estalinismo acallaron los medios. “Fue el Estado el que cayó en la tentación de la censura, por eso las leyes internacionales incorporadas a nuestra Constitución defienden al Estado de sí mismo y no permiten que se legisle sobre libertad de expresión”. Y agregó: “La amenaza está porque este Gobierno confunde prensa con propaganda”.

Aníbal Fernández defendió el proyecto. Sostuvo que tanto Clarín como La Nación han hecho “abuso de su posición dominante” durante décadas, y acusó a ambas empresas periodísticas de efectuar “un latrocinio” a la parte de acciones del Estado “que son de todos los argentinos”. “No son nenes de pecho, han realizado toda suerte de desaguisados durante años y han fundido a diarios más pequeños de todo el país retaceándoles el papel o vendiéndolo a precios injustos”.

Por el radicalismo, Ernesto Sanz anunció que su bloque defendería el mismo dictamen que elaboraron los diputados de la UCR y que proponía formular un régimen de promoción de nuevas plantas de producción de papel para diarios; la liberación de trabas a importación de papel y un fondo de ayuda denominado “Papel para todos”. De esta bancada, la cordobesa Marta Borello sostuvo: “Hay una intención clara del Gobierno de establecer un discurso único”.

La norma crea además una comisión asesora que definirá las políticas principales para el sector, cuánto papel producir, cuánto exportar y cómo será su distribución. Estará conformada por un diario por cada una de las provincias, pero excluye a los periódicos que directa o indirectamente poseen acciones en Papel Prensa.

El presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, fue quien más claro explicó la avanzada del Gobierno sobre las acciones privadas en Papel Prensa. “Se crea un régimen específico para esta empresa y se la saca del régimen de sociedades comerciales con la excusa de declarar de interés público su actividad. Pero todo esto se hace para transferir capital privado a la esfera del Estado y no ejecutar lo único que está previsto por la ley: la expropiación”.

Licencia para Vila

Prestataria. La ciudad de Rosario tiene una nueva prestataria del servicio de televisión por cable. Se trata de la firma Fibra Hogar SA, cuya licencia fue adjudicada por la Afsca en noviembre de este año a través de la resolución 1.670, según informó puntobiz. La sociedad esta integrada por Gustavo Aníbal Gabriel Olarte con el 60% del paquete accionario y el restante 40% está en manos de Alfredo Luis Vila Santander, dice el medio aludido.

Nuevo jugador. De esta forma Cablevisión y Cable Hogar tendrán un nuevo competidor. Mientras tanto, Uno Medios ingresa a uno de los mercados más importantes del país. Es que Vila Santander es socio de varios medios de difusión que conforman el grupo Vila, cuyos referentes principales son el justicialista José Luis Manzano y el empresario Daniel Vila.

Ley de tierras

Límite a la extranjerización. La Cámara de Senadores aprobó anoche, y convirtió en ley, el proyecto que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros, y que fue requerida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa al asumir su segundo mandato. El texto del nuevo ordenamiento fija en un 15 por ciento la porción de territorio nacional permitida para que esté en posesión de ciudadanos extranjeros.