El proyecto había sido presentado por la presidenta Cristina Fernández hace 14 meses. La senadora cordobesa Norma Morandini aseguró que el Gobierno confunde prensa con propaganda.

Buenos Aires. El kirchnerismo logró convertir en ley el marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel de diario, una norma que le abre las puertas al Gobierno para quedarse con el control accionario de Papel Prensa SA, la única empresa que elabora y comercializa este insumo. Por 41 votos contra 26, el oficialismo aprobó ayer en el Senado el proyecto que la presidenta Cristina Fernández mandó al Congreso hace 14 meses. El mismo fue defendido por los legisladores K aduciendo que la norma permitirá “el acceso igualitario al papel a todos los periódicos del país”.

Papel Prensa es una empresa de capitales mixtos, dado que los dos diarios más grandes del país, Clarín y La Nación , tienen la mayoría de las acciones y el Estado nacional mantiene una posición minoritaria.

La pelea que el Gobierno sostiene con la prensa crítica no estuvo ausente en el caliente debate de ayer en el Senado.

La norma aprobada por el Congreso le confiere al Ministerio de Economía amplias facultades para regular el mercado de papel para diarios a fin de establecer un precio único para el insumo y garantizar así el acceso equitativo a todos los periódicos. Para ello, a través de una serie de medidas, se limita las ganancias de los privados que operan la empresa. A estos accionistas además se les aplican dos cláusulas transitorias que son las que le abren camino al Gobierno para quedarse con Papel Prensa. La primera los obliga a realizar un ambicioso plan de inversiones a fin de satisfacer toda la demanda local (hoy es satisfecha en un 70%).

La segunda cláusula establece que si los privados no pueden cumplir con estas inversiones, el Estado pondrá la plata pero aumentará proporcionalmente su participación accionaria.

Viola la Constitución. Frente a este escenario, la oposición repitió ayer en el Senado que la ley sancionada viola la Constitución, ya que esta consagra el derecho a la libertad de expresión, que se vería en riesgo si el Gobierno empieza a decidir a quién se vende papel y a quién no. La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Amplio) explicó que todos los tratados internacionales que defienden la libertad de prensa lo hacen como consecuencia de las grandes tragedias del siglo 20, cuando el nazismo y el estalinismo acallaron los medios. “Fue el Estado el que cayó en la tentación de la censura, por eso las leyes internacionales incorporadas a nuestra Constitución defienden al Estado de sí mismo y no permiten que se legisle sobre libertad de expresión”. Y agregó: “La amenaza está porque este Gobierno confunde prensa con propaganda”.

Aníbal Fernández defendió el proyecto. Sostuvo que tanto Clarín como La Nación han hecho “abuso de su posición dominante” durante décadas, y acusó a ambas empresas periodísticas de efectuar “un latrocinio” a la parte de acciones del Estado “que son de todos los argentinos”. “No son nenes de pecho, han realizado toda suerte de desaguisados durante años y han fundido a diarios más pequeños de todo el país retaceándoles el papel o vendiéndolo a precios injustos”.

Por el radicalismo, Ernesto Sanz anunció que su bloque defendería el mismo dictamen que elaboraron los diputados de la UCR y que proponía formular un régimen de promoción de nuevas plantas de producción de papel para diarios; la liberación de trabas a importación de papel y un fondo de ayuda denominado “Papel para todos”. De esta bancada, la cordobesa Marta Borello sostuvo: “Hay una intención clara del Gobierno de establecer un discurso único”.

La norma crea además una comisión asesora que definirá las políticas principales para el sector, cuánto papel producir, cuánto exportar y cómo será su distribución. Estará conformada por un diario por cada una de las provincias, pero excluye a los periódicos que directa o indirectamente poseen acciones en Papel Prensa.

El presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, fue quien más claro explicó la avanzada del Gobierno sobre las acciones privadas en Papel Prensa. “Se crea un régimen específico para esta empresa y se la saca del régimen de sociedades comerciales con la excusa de declarar de interés público su actividad. Pero todo esto se hace para transferir capital privado a la esfera del Estado y no ejecutar lo único que está previsto por la ley: la expropiación”.

Licencia para Vila

Prestataria. La ciudad de Rosario tiene una nueva prestataria del servicio de televisión por cable. Se trata de la firma Fibra Hogar SA, cuya licencia fue adjudicada por la Afsca en noviembre de este año a través de la resolución 1.670, según informó puntobiz. La sociedad esta integrada por Gustavo Aníbal Gabriel Olarte con el 60% del paquete accionario y el restante 40% está en manos de Alfredo Luis Vila Santander, dice el medio aludido.

Nuevo jugador. De esta forma Cablevisión y Cable Hogar tendrán un nuevo competidor. Mientras tanto, Uno Medios ingresa a uno de los mercados más importantes del país. Es que Vila Santander es socio de varios medios de difusión que conforman el grupo Vila, cuyos referentes principales son el justicialista José Luis Manzano y el empresario Daniel Vila.

Ley de tierras

Límite a la extranjerización. La Cámara de Senadores aprobó anoche, y convirtió en ley, el proyecto que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros, y que fue requerida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa al asumir su segundo mandato. El texto del nuevo ordenamiento fija en un 15 por ciento la porción de territorio nacional permitida para que esté en posesión de ciudadanos extranjeros.


One Comment

  • josé dice:

    Fuerte respaldo a la nueva ley que democratizó el papel para diarios

    POLÍTICA – NACIONAL 24-12-11 – 11.24

    La norma fue celebrada por los medios gráficos de todo el país, en especial los del interior, que por más de 35 años fueron sometidos al manejo monopólico y discrecional que Clarín y La Nación ejercieron en la empresa Papel Prensa.

    La democratización del papel para diarios en la Argentina, hecha ley este jueves por el Senado de la Nación, fue tan celebrada por la enorme mayoría de los medios gráficos de todo el país como rechazada por Clarín y La Nación, las dos empresas que por más de 35 años se beneficiaron con el manejo discrecional del insumo básico producido por Papel Prensa SA.

    La norma, sancionada por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, declara que la fabricación, distribución y comercialización de pasta celulosa para papel de diario será considerada de interés público. Hasta ahora, sucedía exactamente lo contrario: era un asunto controlado por dos privados.

    El 71% de lo que se fabrica en la planta de San Pedro era monopolizado por los medios impresos de Héctor Magnetto y de la familia Mitre, quienes también disponían cómo se asignaba el 29% restante, a repartir entre 168 diarios a los que les hacían sentir el rigor de la dependencia: tenían que pagar un precio diferencial, hasta 15% mayor; comprarle a intermediarios que hacían subir los costos aun más o, directamente, recurrir a la importación.

    Como respuesta a este estado de cosas, la medida que se tomó por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional busca establecer un mercado periodístico donde la competencia se dé en condiciones de mayor igualdad. Según los argumentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, esta será la base para el fortalecimiento del derecho a la comunicación y una garantía en la circulación de ideas.

    La concreción de este paso fundamental, que Tiempo Argentino consideró histórico y que sintetizó en su portada de ayer con la palabra “Igualdad”, para el diario de Magnetto y de Ernestina Herrera de Noble, en cambio, significó otro episodio de “la embestida del gobierno contra la prensa”, con el fin de “poner a la empresa Papel Prensa bajo la supervisión política” de la presidenta Cristina Fernández. La Nación, en sintonía fina con su socio en la pastera, aseguró en su tapa que el kirchnerismo “tendrá el control total del mercado de papel para diarios”, que el resultado de la votación de diputados y senadores integra “la ofensiva contra los medios independientes” y que el país se dirige “hacia un poder hegemónico”.

    Muy por el contrario, para los más de 80 medios que conforman Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina (Dypra), cuyos dueños y trabajadores experimentaron en primera persona lo que fue para la industria gráfica el control monopólico sobre Papel Prensa, la nueva ley “viene a poner equidad y justicia luego de más de 35 años de manejo discrecional en la provisión de este insumo”, además de abrir la participación del sector en la Comisión Federal Asesora, que asistirá y acercará propuestas a la autoridad de aplicación.

    En su comunicado, Dypra también relató que “por años los editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos, habían peticionado incansablemente a diferentes gobiernos y a la propia fábrica de papel para que esta les provea este vital insumo”. La respuesta, recordó la entidad, había sido “siempre la misma y perversa: ‘Papel Prensa no puede producir más.’”

    Para el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, lo aprobado por la Cámara Alta fija reglas de juego que permitan “garantizar que a todos los diarios del país le llegue por igual algo que hasta ahora era un monopolio”. En declaraciones radiales, Filmus –que vivió en carne propia el silencio de la prensa hegemónica cuando fue víctima de una campaña de desprestigio– explicó que “la lectura de la ley no deja lugar a dudas que no se trata de un intento de condicionar a los medios, sino de un intento, como lo fue en su momento la Ley de Medios, de distribuir democráticamente las voces”.

    A lo largo y ancho del país, empresas periodísticas de distinta envergadura se mostraron a favor de lo dispuesto en el Congreso. Los que siguen son sólo algunos ejemplos: “Papel de diario: se aprobó el proyecto para su democratización”, destacó en su portada de ayer La Arena, de La Pampa. Desde Córdoba, Comercio y Justicia planteó que “El Estado garantizará el suministro de papel para diarios”, El Diario hizo tapa informando que “El Estado recuperó la producción de papel para diarios” y La Mañana publicó que “Es ley el proyecto que democratiza el papel de diario”. El Mensajero de la Costa anunció que “Los diarios locales celebramos la sanción de la Ley que regula la producción de papel”, y llevó a su contratapa el documento emitido por Dypra. En la provincia de Buenos Aires, el periódico cooperativo La Posta del Noroeste tituló que “El Senado aprobó el papel igualitario”.

    Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver y una de las personas que sufrió el despojo de Papel Prensa durante la dictadura, sostuvo que se dio “un paso más hacia la democratización del país”. Para Papaleo, “ellos –por Clarín y La Nación– no esperaban esa sanción”. Y con respecto a quienes salieron a rechazar con fuerza la medida, les respondió que “lo irregular es lo que ocurrió hasta hoy”.

    Entre las manos que se levantaron en contra del proyecto impulsado por el kirchnerismo estuvieron los cuatro senadores del Frente Amplio Progresista (FAP). Para explicar esta oposición que los llevó a votar junto al radicalismo, la Coalición Cívica y el PJ disidente, el líder del FAP, Hermes Binner, argumentó que la ley significa “una presencia del Estado que no es necesaria”. Esto a pesar de que el ex gobernador santafesino sí consideró que “el gobierno tiene que asegurar que haya papel. De producción nacional o de importación con arancel cero. Es un insumo vital para la libertad de prensa”. Para resolver la disyuntiva, Binner vaticinó que con el nuevo marco regulatorio esto no va a pasar “en absoluto”.

    En el mismo sentido se habían expresado las dos organizaciones que abroquelan a los medios escritos más poderosos a nivel regional y local, respectivamente: la influyente Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA). Como en otras oportunidades donde Magnetto y los Mitre vieron amenazado el statu quo que blinda sus intereses, estos dos sellos institucionales salieron al cruce. ADEPA –entidad controlada por Clarín y La Nación y sus firmas subsidiarias–, sentenció que “la ley de papel para diarios es inconstitucional”, además de que “abre incertidumbre real sobre la libertad de expresión”. A esta prédica se sumó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que demonizó a la norma definiéndola como “el último capítulo de lo que parece ser una campaña permanente de la presidenta Cristina Kirchner contra la prensa independiente en el país”. Para esta organización, “la medida, que impone el control gubernamental sobre la empresa privada, es un paso atrás para la Argentina y hará daño a la reputación internacional del país”. WAN-IFRA, que dice reunir a 18 mil periódicos, 15 mil páginas web y 3000 compañías en más de 120 países, tiene como miembro de su consejo de administración a Jorge Carlos Rendo, director de relaciones exteriores de Clarín y uno de los principales operadores del grupo, quien en los últimos días mantuvo reuniones con legisladores de la oposición.

    Por fuera de estas advertencias en clave apocalíptica de ADEPA, la SIP y sus entidades afines, Dypra remarcó que el papel, eso que hasta ahora siempre escaseó para muchos diarios y sobró para muy pocos –dos, más precisamente–, constituye “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”.
    Tiempo Argentino

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