Patrimonios y algo más

By 28 julio, 2010Actualidad

Cuando el Gobierno nacional se queda con el dinero del «interior productivo», no sólo se queda con el progreso de los pueblos, sino también con su dignidad. Néstor Roulet, vicepresidente de CRA , dirigente joven , de la localidad de CANALS.

 La polí­tica económica del Gobierno nacional está convirtiendo a la producción agropecuaria en una alternativa netamente financiera. Con la excusa de que la tierra tiene «una renta extraordinaria», el Estado se apropia prácticamente del 50 por ciento del ingreso bruto del sector, que sólo recibe 10 por ciento después de descontar el costo de producción (40 por ciento del ingreso total).

Este reducido ingreso de la producción convirtió al sector en un negocio de alto riesgo en el que la meta, en definitiva, es obtener sólo una renta financiera.

¿Cuál es la causa? El tema es que este gobierno sólo entiende el poder a través del sometimiento económico, para lo cual necesita plata -del campo, de los jubilados, del Banco Central, etcétera- para su objetivo.

Por lo mismo, envía a la sociedad un mensaje de indudable contenido ideológico respecto de «la renta extraordinaria de la tierra», asegurándose previamente que sean otros los que arriesguen y trabajen para luego quedarse -si llueve y todo va bien- con la mayor parte de las ganancias. En definitiva, no le importa si los que producen pueden soportar la presión tributaria o si el sistema tiene sustentabilidad técnica y social; simplemente le interesa que se produzca para quedarse con la renta, a la que llama «extraordinaria».

Con esta polí­tica económica, el Estado no sólo se queda con las rentas del pequeño y mediano productor sino que, al quitarles toda posibilidad de competitividad, los deja desprotegidos ante grupos económicos que ingresan con expectativas financieras, quedándose con el medio productivo y destruyendo un sistema de vida que es el de «producir viviendo en el interior».

Otro concepto aportado continuamente por funcionarios del Gobierno para explicar esa extracción confiscatoria es el de «la doble ganancia del campo». Hemos oído afirmar: «… y, lo que pasa con el campo es que quiere ganar el dueño y el que alquila para sembrar», lo que deja traslucir que esta acción es un acto ilegítimo.

Muchos de los que hacen esas afirmaciones alquilan hoteles o locales comerciales y en esas transacciones también se tiene que dar una «doble ganancia». Porque -en definitiva- gana el dueño del hotel y supuestamente el inquilino, a no ser que alguien alquile para perder plata. Si observamos la declaración jurada de 2009 presentada por el matrimonio Kirchner, consta el alquiler de un hotel cuyo valor es de cuatro millones de dólares a 180 mil dólares mensuales -2,16 millones anuales-, lo que implica que pueden comprar un hotel cada dos años.

Así, el negocio hotelero debe tener una considerable «renta extraordinaria», ya que pocas inversiones en el mundo permiten obtener una renta anual de casi 60 por ciento, sin considerar las ganancias de quienes lo explotan.

Renta sojera. En nuestros últimos trabajos sobre la producción de soja, concluimos que un productor que siembra su campo tiene un ingreso final de 122 dólares por hectárea (U$S/ha); esto significa que necesita -a un valor promedio de ocho mil dólares la hectárea- 65 años para comprar una hectárea de campo.

Ese número refleja una rentabilidad de 1,52 por ciento por hectárea que, si se la compara con el aumento de 20,68 por ciento de la riqueza de los Kirchner en 2009 respecto de 2008, nos obliga a preguntarnos: ¿es el campo merecedor de esas expresiones «ideológicas»?

Más aún, en el último año, la presidenta Cristina Fernández declaró un ingreso de 695 mil dólares proveniente de un depósito de 2,9 millones de dólares colocados a una !insólita tasa de 24 por ciento de interés anual! Comparándolo con los 48.800 dólares de un pequeño productor que siembra las 400 hectáreas que le pertenecen -el mismo capital que tiene a plazo fijo el matrimonio Kirchner-, nos daremos cuenta realmente de dónde está la «renta extraordinaria».

Las declaraciones juradas del matrimonio Kirchner de los últimos cinco años reflejan un incremento del 700 por ciento con base en inversiones especulativas que están exentas de algunos tributos. Observamos, así­, que no sólo le posibilitaron aumentar la riqueza, sino que aportaron muy poco para «distribuirla entre los argentinos» al generar escasa mano de obra productiva y pagar pocos impuestos.

Si se tiene en cuenta que esos 695 mil dólares que aumentaron 50 por ciento el patrimonio del matrimonio Kirchner en el último año no tributan impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios, a las Ganancias, a los Bienes Personales ni los territoriales, y que, en cambio, el pequeño productor de 400 hectáreas aportó al Estado nacional 210 mil dólares en tributos, está claro el motivo de nuestro reclamo por un sistema tributario más justo y equitativo.

Días pasados, la Sociedad Rural de Hernando difundió un trabajo en el que se indica que sólo desde esa zona -que incluye a esa ciudad, General Fotheringham, Dalmacio Vélez, Pampayasta y Las Isletillas- el Estado nacional se lleva más de 135 millones de pesos anuales, monto del que sólo vuelven cinco millones como coparticipación, excepto que -mediante un pedido expreso del intendente y con la promesa de alinearse polí­ticamente- se realicen ciertas obras de infraestructura pagadas por el Gobierno nacional (carteles incluidos).

Esta polí­tica extractiva desalienta el federalismo y degrada la institucionalidad del país. Lo que debe entender el Gobierno nacional es que cuando se queda con el dinero del «interior productivo», devolviéndole migajas -condicionadas al sometimiento de gobernadores e intendentes-, se está quedando no sólo con parte del progreso de nuestros pueblos, con parte de nuestro patrimonio productivo y social, sino también con su dignidad.

*Productor agropecuario, dirigente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez)

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