Salvar la Democracia (III de III)

Los juicios de valor requieren el conocimiento de algunas premisas, exigencias que incluyen a la democracia. Puede iniciarse leyendo “La Ciudad de Dios” de San Agustín (354-430), influyente pensador de la Patrística. Aunque se notan restos de su antiguo maniqueísmo (Manes), en contra de las vigentes doctrinas esclavísticas dice que por ley natural ningún hombre tiene autoridad sobre otro, pues Dios los ha hecho a todos libres e iguales. Sin decirlo, sienta el Santo bases de buen gobierno: la igualdad de todos los hombres, a la que no se llega sin amar al prójimo. Mucho después, en Nápoles (1225), del matrimonio formado por Landulfo, conde de Aquino y Teodora, condesa de Theate, nació Tomás, notable arquitecto que llegó a plantear un verdadero sistema filosófico que avanzo sobre las ideas de Agustín. Sería deplorable la condición del hombre, sostiene, si no existiera dentro de la sociedad que integra una fuerza rectora tendiente al bien común. De allí la necesidad de que exista en toda multitud alguien que la gobierne para dirigirla hacia ese bien común. Agrega a lo dicho por Agustín, otras exigencias: un gobierno y su obligación de procurar la felicidad del pueblo.
Conocida la enorme perdida de categoría de nuestro país, cabe pensar de quienes gobernaron en ese lapso ignoraron el bien común. Si fueron inmorales o no idóneos nada cambia: “en teoría” el pueblo los eligió. Si de gobiernos militares se trata, los cuartelazos fueron alentados por mayorías casi sin excepción y a los civiles los votaron muchos incautos inducidos a error por algún tipo de engaño demagógico (Ve.: parte II). En ambos casos, sólo los habitantes argentinos (todos) fuimos culpables. Si reconociéramos esa realidad podríamos cambiar. Seamos ciudadanos (Bergman).
No estaría mal comenzar rectificando las “herejías” constitucionales (1994) continuando con la legislación impositiva, familiar, educacional, polí­tica interna e internacional, de seguridad interior, agropecuaria, económica, defensa, exterior, y mucho más. Hemos de refundar la República Federal perdida. Si se deja de engañar a la ciudadanía instruyéndosela en la verdad para que pueda elegir con libertad (Ve. Parte II), en uso de su discernimiento, preferirá volver a ser Nación, en el sentido que anteriormente hemos dicho (Ve.: seamos Nación). Dígase la verdad de una vez por todas: si en el lapso citado en el que se produjo nuestra “decadencia” gobernaron todos los “ismos” conocidos y nos fue como nos fue y nos esta yendo, es que todos ellos sin excepción, fallaron. Si en ese mismo tiempo los “ismos” opositores no sirvieron, es que nadie debe sentirse orgulloso de haber pertenecido a ninguno de ellos aunque fuere desde la primera hora; mas aun, si en vez de practicar polí­ticas de Estado se aferraron a estériles personalismos.
Guiar una nación contrariando la Ley del querer general, es subversión y si bien el pueblo actual no es el mismo que el de 1853-1860 (para Ortega y Gasset cada quince años se renuevan las generaciones), la Constitución de entonces, basada a su vez en pactos pre-existentes, sentó los principios de representación, república y federalismo hoy vigentes. ¿Acaso alguien duda que sin esas tres bases la Nación no hubiera nacido?. Sin ellas, ¿ podrá subsistir?. Nuestra Constitución de 1994 (ve.: parte II), además de irrespetada no es la que el pueblo quiso. El resultado está a la vista: 1) tenemos como legisladores a muchos “infames traidores a la patria” (art.29); 2) instituyó la reelección presidencial y dinástica (debe modificarse el Art. 90); 3) la elección directa da la posibilidad de imponerse a las minorías de los conglomerados urbanos (art.94). 4) otro atentado al federalismo es el tercer senador provincial; 5) nuestro ballotage hace posible que gane quien sólo obtenga el 40% o el 45% de los sufragios. ¿Será finalmente la nuestra una “democracia” en la que gobiernen las minorías?; 6) el art. 99 prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo pero en el párrafo siguiente del mismo texto (ejemplo de contradicción institucional imposible de comprender), autoriza al citado Poder a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). No se entiende que se faculte a realizar lo que algunas líneas antes se prohíbe.
Tenemos provincias mendicantes del dinero que legítimamente les corresponde; designaciones “a dedo”; sustitución de las representaciones provinciales en el Senado Nacional; acumulación de poderes en el Ejecutivo; Poder Judicial sometido; intendentes perpetuos (debieran durar 4 o 5 años sin reelección); gobernadores vitalicios. En fin, se ha perdido la autoridad y se la ha transformado en gobierno directo de “la Calle” tanto en la Capital Federal como en las capitales provinciales; el Senado representa a los partidos polí­ticos, ya no a las provincias (este Cuerpo carece de razón de ser. Estamos en un sistema unitario), convirtiéndose el Congreso en apéndice del Poder Ejecutivo. El Judicial, a su vez, depende de un Consejo de la Magistratura dirigido desde el P.Ej. No hay más República. Apenas nos quedan restos de Nación. Si Defendemos la tradición, la historia real (no la chismografía); si rememoramos el sacrificio de las generaciones que hicieron la Nación añorada; si revivimos la patria (lugar de los padres) y aprendemos a valorar el paisaje (país); si recordamos las fechas gloriosas en el dí­a correspondiente y dejamos de pensarlas como fines de semana largos (Bergman) y en base a todo eso rectificamos nuestras fallas, con la humildad que debe nacer del olvido y del amor al prójimo, volveremos a ser tan grandes como nuestras riquezas naturales nos obligan.

Quique Losuyo