Finalmente se aprobó la polémica Ley de medios.

El kirchnerismo se ha apuntado un importante triunfo al rechazar el Senado, por 44 votos a favor y 24 en contra, todas las enmiendas a la totalidad de la polémica nueva Ley de Medios Audiovisuales. El Gobierno pretende que la Cámara Alta dictamine completamente la ley antes del próximo mes de diciembre, cuando el Parlamento pasará a tener una nueva mayoría, consecuencia de las elecciones parciales de junio.
La nueva ley dará origen a una dura batalla judicial porque la mayoría de las empresas afectadas, entre ellas el principal grupo mediático del país, Clarín, recurrirán a los tribunales por considerar que no se respetan sus derechos adquiridos ni los contratos en vigor.
La victoria de la presidenta Cristina Fernández y de su marido, Néstor Kirchner, fue acogida por sus partidarios como un nuevo impulso polí­tico, tras el jarro de agua fría que supuso la inesperada derrota de junio. La oposición, por su parte, ha quedado «tocada» porque algunos de sus integrantes votaron a favor de la ley, entre ellos el Partido Socialista de Hermes Binner y Rubén Giustiniani, y porque su victoria en junio no parece traducirse ante la opinión pública en resultados concretos, sino que empieza a transmitir una cierta sensación de parálisis o incapacidad.
Los peronistas disidentes aseguran que la situación cambiará sustancialmente en diciembre, con gestos de autoridad polí­tica de la nueva mayoría, pero reconocen que, por el momento, los resultados electorales no han tenido ninguna consecuencia real. Esa parálisis ha llevado incluso a uno de los grandes barones del peronismo disidente, Eduardo Duhalde, a salir a la palestra, algo poco frecuente en él, mucho más partidario de controlar el peronismo en la sombra, para anunciar que no descarta su propia candidatura en las presidenciales de 2011, si para entonces la oposición no ha sido capaz de encontrar un proyecto y un candidato común.
La votación de la Ley de Medios Audiovisuales fue acogida por unas 5.000 personas, miembros de piquetes kirchneristas, que se habían reunido ante el Senado para seguir el prolongado debate. La discusión duró casi 16 horas. La mayoría oficialista ha contado con el apoyo de los socialistas y de algunos pequeños grupos de izquierda, atrapados en el dilema de apoyar una ley que se presenta como icono de la izquierda, «defensora de la pluralidad y luchadora contra el monopolio» y que, al mismo tiempo, da más poderes al gobierno al que ellos teóricamente se oponen.
«No somos ingenuos, entendemos el contexto en el que es tratado este proyecto y muchos de los que nos eligieron nos pidieron que no acompañemos al gobierno porque perdieron confianza en ellos, pero no podemos ser oposición por oposición», ha explicado Giustiniani. El dirigente socialista expresó su malestar con algunos artículos de la ley, entre ellos el 161, que obliga a las empresas a vender en poco más de un año todas las licencias de televisión y de radio que superen el máximo establecido por el nuevo texto legal.
La nueva ley de Medios Audiovisuales será un instrumento formidable en manos del gobierno y en contra del Grupo Clarín, al que Néstor Kirchner protegió durante su mandato, pero que al que ahora considera su principal enemigo. En términos generales, la ley busca la atomización del mercado audiovisual, impide la existencia de empresas fuertes a nivel nacional y plantea una serie de requisitos de difícil cumplimiento. En total, reserva un tercio del espectro audiovisual para el Estado, un tercio para asociaciones sin fines de lucro y otro para explotación comercial. Quien tenga un canal de TV en abierto no podrá ser operador de cable.
Las licencias (que pasan de las 24 actuales a 10) dependerán del Ejecutivo en ciudades de más de medio millón de habitantes (previo «concursos» todavía no reglamentados) y de una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que tendrá siete miembros: dos nombrados por el gobierno (presidente y director), tres propuestos por el Parlamento y dos elegidos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (los gobernadores). El resultado, en la práctica, será una autoridad controlada por el Gobierno.