Lo decidió la Provincia. Hacía aparecer descargos en el sistema para demorar la resolución de las causas de Caminera. Se detectaron más de 2.750 descargos que trababan fallos, y eso llevaba a la prescripción.

Una jueza municipal de Faltas fue suspendida y denunciada por sospechas de corrupción por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia tras detectar una maniobra con descargos de infracciones que se perdían en un laberinto burocrático para favorecer su prescripción.

La acusada es la jueza Patricia Munt, quien tenía a su cargo el Juzgado de Viamonte. La investigación administrativa surgió a partir de la queja del juez de Faltas policial de Córdoba, comisario mayor Milton Lencina, quien verificó que existían 759 descargos o recursos cargados en el sistema del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) que no habían sido girados para que pudiera resolverlos. Todos estos casos tenían un elemento en común: habían sido cargados al sistema por Munt.

Una auditoría ordenada por el director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, elevó a 2.750 el número de descargos subidos al Repat y no girados a los juzgados correspondientes. Se intimó a Munt a presentar la documentación. Y como no hubo respuesta, Rizzotti decidió bloquear la clave personal de la jueza, suspender el juzgado y repartir las causas de Caminera entre los juzgados de Corral de Bustos y de Los Surgentes.

La decisión se publicó en mayo de 2017 en el Boletín Oficial. Un día más tarde, la Provincia llevó las sospechas a la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, donde el fiscal Daniel Vaudagna confirmó que se está recolectando informes y que está en análisis cuáles serán las medidas por seguir. No está imputada, aún, Munt. Tampoco declaró, por lo tanto.

Según la Provincia, la maniobra “impedía continuar con el trámite administrativo, pudiendo ocasionar un importante perjuicio al erario”.

Munt también trabaja en La Carlota, como jueza de Faltas. Luego de conocerse la suspensión de su oficina en Viamonte, concejales de Cambiemos de La Carlota pidieron que se cortara su relación con ese municipio porque no vive en esa ciudad (causa formal). En el comunicado político se amplió: los ediles opositores dijeron que resultaba inaceptable que una funcionaria sospechada esté a cargo de cuatro juzgados de Faltas (Viamonte, Alejo Ledesma, La Cesira y Pascanas). Los días y horas de la semana no le alcanzan para cumplir sus funciones “en tantos lugares”, alegaron.

“La Carlota sufre un caos en el tránsito que es insostenible: camiones circulando por toda la ciudad, escasos controles de alcoholemia a la salida de boliches bailables, cantidad de remises trabajando mayor que la permitida legalmente, autos y motos que desconocen leyes de tránsito”, cuestionaron entonces.

Los teléfonos que se pudieron conseguir de Munt no fueron contestados. Fue imposible obtener otra forma de contacto.

Un abogado, en la mira

Desde la Provincia están siguiendo con atención cómo opera un estudio de abogados que ofrece defensas contra multas de Caminera con publicidades en la red social Facebook. El anuncio dice: “Quien tenga multas de Caminera de este año o de años anteriores (administrativas, prejudiciales o judiciales) consulte sin problema para darle una solución en cuestión de días”.

A juicio de Rizzotti, esta promesa podría constituir una publicidad engañosa que viola el código de ética de los abogados, ya que no se pueden prometer resultados, sino “la mejor defensa técnica”. En su página, varios clientes agradecen que obtuvieron respuesta en menos de 48 horas. La investigación interna que hizo la Caminera sobre estos casos permitió establecer cómo habría sido la maniobra de este estudio. Según la denuncia, la operación se vinculaba con lo que hacía la jueza suspendida. Ingresaba un descargo en un juzgado al que no correspondía la defensa, y así frenaba la resolución de la multa. Trababa su paso a una instancia de definición mediante distintas presentaciones sin fundamento jurídico. De esa manera, buscaba la prescripción.

“Lo hemos detectado y vamos a ajustar los mecanismos. Le recomendamos a la gente que utilice los descargos cuando tenga motivos reales eximentes, ajustados a derecho, como para intentar un triunfo. De lo contrario, se expone a que le cueste el triple. No se beneficia del descuento del 50 por ciento por pago voluntario y además tendrá que pagar las costas”, advirtió Rizzotti.

Tiempo atrás, el Colegio de Abogados cuestionó las dificultades para ejercer la defensa en procedimientos de Caminera. Rizzotti aseguró que no hay tal dificultad y que la solución no es apostar a la prescripción.

 

Fuente: “ La Voz del Interior” , viernes 25 de Agosto 2017.

 

 

 

 

One Comment

  • NIEVES dice:

    ERA HORA Q LA CORRIERAN, TODOS SABIAMOS Q NO LE ALCANZABA EL TIEMPO PARA TRABAJAR EN TANTOS LUGARES NUNCA ME IMAGINE Q TAMBIEN HACIA TRAMPAS

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