Cuando Julián Domínguez era ministro de Agricultura, ya se reconocía públicamente que al productor no se le pagaba el precio FAS de un mercado competitivo y transparente, que se habían quitado los incentivos a la sana competencia entre la exportación y la molinería y que el proceso de determinación arbitrario de quienes vendían, quienes compraban y la tolerancia a un precio inferior al de mercado, tarde o temprano significaría la pérdida del cultivo del trigo.
Frente a ello el Gobierno solo se ocupó de hacer anuncios huecos sobre liberación de cupos u otorgamiento de ROES para comercializar porciones de toneladas. Nada lo definió tan bien, como cuando se dijo, “dan permisos para cazar en el zoológico”. En efecto la ausencia de un mercado transparente y los permisos discrecionales hundieron el precio y terminaron con la voluntad y paciencia del productor.
Se ha dicho hasta el hartazgo que este año fue la peor siembra en hectáreas de los últimos 111 años, y hace pocos días en rimbombante noticia el MINAGRI anunciaba que la provisión de harina para la mesa de los argentinos estaba asegurada. Hoy se sale a cazar trigo con una ley anticuada y métodos perimidos, y los socios beneficiados de ayer son los perseguidos de hoy. El Gobierno con los métodos de castigo y cárcel quiere reemplazar el desastre de una pésima política profundizada desde el 2006.
Incontables veces CRA solicitó audiencias con las autoridades centrales, pero la pequeñez política hizo que el dialogo fuese imposible y las advertencias del sector productivo ignoradas, hasta que la realidad irrumpió con la fuerza de los hechos, ya que no hay trigo y lo poco que queda no alcanza hasta la próxima cosecha.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha dado una muestra más de sus reconocidas dotes destructivas: el pan, otro producto que dejó de ser para todos y todas.
Fuente: CRA