La diputada nacional Patricia De Ferrari repudió enérgicamente las agresiones que sufrieron dos menores de edad, integrantes de pueblos originarios, en cercanías de la ciudad de Santa Fe. Ambos chicos pertenecen a la comunidad Mocoví y fueron agredidos y amenazados por un grupo de hombres. Los menores sufrieron heridas cortantes, uno de ellos fue herido a la altura del pulmón y se encuentra en una situación delicada en el Hospital Álvarez de Rosario. Los menores heridos son hijo y sobrino del dirigente aborigen Luis Báez, miembro del Movimiento de Trabajadores Indígenas y secretario general del Consejo Indígena Nacional, quien desde hace ya varios meses viene denunciando al Estado nacional por la mora con los pueblos indígenas.
Luis Báez también hizo reclamos y denuncias al actual director del INAI, quien no representa los pedidos e intereses de las comunidades originarias y está ocupando ese cargo por decisión del kirchnerismo.
Los menores heridos dijeron que fueron agredidos luego de que los atacantes les preguntaran si eran familiares de Báez, por lo que el dirigente indígena afirma que este hecho de violencia es resultado de la intolerancia ante la diversidad étnica y sus denuncias realizadas contra el oficialismo.
De Ferrari dijo: «La persecución sufrida por los pueblos aborígenes va creciendo a medida que los hermanos indígenas denuncian las paupérrimas condiciones en las que viven y la inacción del Gobierno nacional ante las amenazas constantes que atentan contra su vida e integridad».
“Debemos trabajar y seguir denunciando éstos hechos de violencia étnica urgente”, expresó De Ferrari quien agregó que “los gobiernos provinciales deben garantizar la seguridad de todas las comunidades”.
La diputada se solidarizó con el dirigente indígena Luis Báez y presentó ante la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de declaración de repudio por los graves hechos de violencia contra los dos menores de edad aborígenes.
De Ferrari pidió a la sociedad que condene estos hechos violentos contra los hermanos originarios y resaltó que «el Estado nacional niega derechos a los aborígenes y cuando ellos denuncian las irregularidades los persigue para amedrentarlos”.