Así lo informó el delegado cordobés de la Afsca, Carlos Vicente. Quien se mostró confiado de que habrá marcha atrás con la decisión de De la Sota.

La Justicia Federal de Córdoba podría expedirse esta semana sobre la medida cautelar promovida contra las clausuras de las antenas de transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA), dispuestas por el gobernador José Manuel de la Sota.

Así lo manifestó esta mañana el delegado local de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca), Carlos Vicente.

«Nuestra expectativa es que se suspenda la decisión del gobierno de De la Sota»
Carlos Vicente

“Ya se han dado todos los pasos procesales, por lo tanto estimo que en el curso de esta semana la Justicia podría expedirse y nuestra expectativa es que se suspenda la decisión del gobierno de De la Sota, porque lo que hizo fue un acto de censura de la Televisión Digital Abierta, libre y gratuita”, sostuvo Vicente.

El funcionario, en declaraciones formuladas esta mañana a los medios locales, sostuvo que la acción del gobierno de la provincia en impedir el funcionamiento de las cinco antenas de TDA (Leones, Malagueño, Río Cuarto, Villa Dolores y Villa María) es “atacar derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación”.

La medida cautelar fue presentada el 1 de febrero por el titular del Afsca, Martín Sabbatella, y luego de que el fiscal Gustavo Vidal Lascano admitiera el recurso, el expediente para su resolución quedó en manos del juez federal Alejandro Fernández Freytes.

El fiscal Vidal Lascano, al correr vista al magistrado, entiende que las clausuras de las antenas podrían incumplir los artículos 1, 2 y 3 de la nueva Ley de Medios Audiovisuales y los artículos 42 y 75 (inciso 19) de la Constitución Nacional referidos, entre otras cosas, a la libertad de expresión, al desarrollo aprovechamiento de nueva tecnologías y a la democratización de la información.

De la Sota ordenó la clausura de las antenas con el argumento que no se ajustan a las normas ambientales establecidas por la provincia.

Sin embargo, Vicente sostuvo que en “el caso más emblemático es el de Río Cuarto, en donde provincia y Nación trabajaron en el emprendimiento, incluso esa antena iba a ser utilizada por la policía de la provincia para las comunicaciones de la zona sur”.

“Es decir que los argumentos del gobierno de De la Sota son absolutamente falsos porque tenía conocimiento de todo lo que se había hecho, tenía toda la información técnica disponible y la provincia era parte del emprendimiento”, reiteró.

Por otra parte, calificó como “sumamente grave” el caso de Río Cuarto porque es algo que “nunca ocurrió en la Argentina”, como el de “impedir el funcionamiento del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Unrc), que ya tenía programada la puesta al aire de 100 horas de producción a través del nodo del Polo de Producción Audiovisual».

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