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La Legislatura aprobó un proyecto para pedirles a los diputados y senadores por Córdoba que voten en contra el decreto que le permite a Cristina distribuir unilateralmente $ 1.129 millones a los municipios.

Después de idas y vueltas, la Legislatura terminó finalmente aprobando ayer una resolución en la que insta a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen rápidamente el dictamen de comisión que le daría vía libre al intendente del gobierno nacional de repartir directamente, sin pasar por las provincias, ayudas financieras a los municipios.

El proyecto, que presentó el jefe del bloque radical, Eduardo Yuni, era en un principio una exhortación al gobernador José Manuel de la Sota para que tratara de frenar, por vía administrativa o incluso judicial, el reparto discrecional de fondos. Pero, además, le pedía que reclamara a nivel nacional la discusión por una nueva ley de coparticipación que redefina la porción de los recursos que reciben las provincias.
Pero Unión por Córdoba, que tiene 44 miembros sobre un total de 70, sólo permitió que el proyecto avanzara si se eliminaba del texto la referencia al gobernador y, principalmente, si además sólo se hacía referencia al decreto que permite el reparto unilateral de fondos a los municipios. La ley de coparticipación, que en realidad es la discusión de fondo que se viene postergando desde 1996, desapareció del texto de la resolución aprobada ayer por el PJ, el radicalismo y el Frente Cívico.

El peronismo intentó preservar al gobernador de una pelea por la coparticipación, entre otras razones porque si De la Sota plantea ese pedido a nivel nacional, inmediatamente tendrá a los intendentes haciéndole a él el mismo planteo, ya que en los últimos años la Provincia reforzó sus ingresos con fondos específicos que les cobra a los contribuyentes pero que después no se distribuyen entre los jefes comunales.

A pesar de los cambios que sufrió su proyecto, Yuni destacó la aprobación: “Tanto los partidos de la oposición como los del oficialismo manifestaron la voluntad política no sólo de defender los derechos de Córdoba sino también de expresar la voluntad que sentimos todos los cordobeses de que el poder central actúe en forma democrática y respetando el federalismo y las autonomías municipales, independientemente de las especulaciones de los que tengan que gobernar. Que un proyecto del radicalismo sea aprobado en defensa de los intereses de Córdoba es importante y refleja que, al momento de defender a Córdoba, no interesa de qué partido provenimos”.

Se espera que en las próximas semanas las Cámaras de Diputados y Senadores traten el decreto de necesita que dictó la presidenta Cristina Fernández el 27 de diciembre pasado y que permite el reparto directo de 1.129 millones de pesos a los intendentes. Los aportes serán no reintegrables. El pedido de la Unicameral es que los legisladores por Córdoba rechacen ese decreto para buscar que no pueda aplicarse.

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