Según el informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) En el año 2010 la inflación en la Argentina es de las más altas de la región, aún con la distorsionada medición oficial del INDEC. La inflación tiene consecuencias sociales muy graves, como el desaliento a la inversión productiva y la erosión de los ingresos de la población. Mezclada con impericia, genera hasta problemas impensados como la escasez de billetes. Menos explícito es su rol como fuente de ingresos nominales no genuinos, a través de las rentas del Banco Central y la ANSES, que en el corto plazo disimulan los desequilibrios en las cuentas públicas, pero en el mediano plazo pavimentan el camino hacia una profunda crisis fiscal.
El INDEC informó que la tasa de inflación oficial en el año 2010 fue del 10,9%. Las mediciones privadas ubican a la verdadera inflación en el orden del 25% a 30%. Llega al nivel de la ironía que, aún con la manipulación oficial, la inflación en Argentina es de las más altas de la región. En Chile la inflación en el año 2010 fue del 3%, en Brasil de 5,9% y en Uruguay de 6,9%. La nueva presidenta de Brasil fijó entre sus prioridades reducir el crecimiento de los precios y en la misma línea trabajan las autoridades del Uruguay. En la Argentina, por el contrario, pareciera que la inflación es una cuestión no prioritaria en la agenda de políticas públicas. Prueba de ello es que en las negociaciones salariales para el año 2011 surge implícita la idea de que el crecimiento de los precios superará el 30%.
La diferente valoración de la inflación probablemente se explique por sus implicancias en la estructura de financiamiento del Estado. Las cuentas fiscales muestran que componentes importantes del financiamiento del sector público argentino dependen de la inflación. Una evidencia en este sentido emerge cuando se observan los datos de la Secretaría de Hacienda para el período enero – noviembre del año 2010. Según esta fuente oficial se puede observar que:
- El gasto público total del sector público nacional alcanzó los $382 mil millones.
- Los ingresos totales ascienden a $390 mil millones de manera que se llega a un resultado financiero positivo de aproximadamente $8 mil millones.
- Sin embargo, dentro de los ingresos totales se contabilizan $25 mil millones que en su mayor parte son transferencias del Banco Central y la ANSES por las rentabilidades obtenidas sobre las reservas y los ahorros previsionales estatizados.
De la simple observación de estos datos surge que los $8 mil millones de resultado financiero positivo (que es lo que se anuncia como “superávit fiscal” y que algunos analistas consideran un signo de fortaleza), una vez que se descuenta la rentabilidad del Banco Central y la ANSES se convierte en un déficit de $17 mil millones. Es decir que, sin estas transferencias, habría un importante déficit fiscal.
Estas rentabilidades surgen de una contabilidad nominal. Es decir, mientras más alta es la inflación, más altas son las rentas de las reservas y los ahorros previsionales. Si (como corresponde) se corrigieran estas rentabilidades por inflación, sus niveles serían muy bajos y en algunos casos hasta negativos. En otras palabras, si estas rentas se valuaran correctamente –no considerando como rentabilidad lo que es un derivado del aumento en el nivel general de precios– las transferencias al Tesoro serían muy pequeñas y, por lo tanto, se haría explícita la precaria situación fiscal.
Además de inflar nominalmente las rentabilidades, la inflación permite incrementar de manera automática la recaudación impositiva en términos nominales. El caso mas notable es el del impuesto a las ganancias. Como no se actualizan los parámetros para el cálculo del impuesto, los aumentos de ingresos –que en algunos casos no llegan a compensar el aumento de los precios– generan automáticamente más pagos de impuestos.
En el objetivo de “maquillar” las cuentas públicas, la inflación es una “bendición”. Sin esfuerzos y de manera automática, aumentan nominalmente los recursos públicos. Esto permite diluir el manejo no responsable del gasto público, como los injustificables subsidios a empresas públicas y privadas, las jubilaciones otorgadas sin aportes a gente de altos ingresos ó el nombramiento masivo de empleados públicos innecesarios. La contrapartida es que la inflación es una “maldición” para la población. Por un lado, porque es funcional a la demagogia de anuncios de aumentos rimbombantes de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales (como la asignación por hijo) que nunca llegan al bolsillo de la gente porque son erosionados por el aumento de los precios. Por el otro, porque mientras el sector público dilapida recursos en burocracia, clientelismo y corrupción, la Argentina es el país de la región que menos avances logra en sus indicadores sociales.