La Provincia anticipó que desde 2018 dejará de cobrar la alícuota extra, que aplica a 8.700 firmas radicadas en otras jurisdicciones. La medida tiene un costo fiscal de $ 1.800 millones anuales. Ahora, espera respuestas de la Nación, en especial por el déficit de la Caja de Jubilaciones.
El Gobierno cordobés sorprendió al anticipar un cambio en el Impuesto a los Ingresos Brutos. Anunció que desde el primer día de 2018 dejará de aplicar la alícuota agravada para las 8.700 empresas de extraña jurisdicción, es decir, radicadas en otros distritos.
En el comunicado oficial, el propio Gobierno reconoce que eso representa una “aduana interna”, concepto que es justamente el que muchas compañías usaron para judicializar ese cobro.
Dentro del carácter regresivo de Ingresos Brutos, la alícuota agravada para empresas de otros distritos equivale a multiplicar la distorsión, por el efecto cascada que tiene el tributo.
En general, el impuesto impacta con una alícuota de 4,75 por ciento, aunque la presión se eleva hasta 5,7 por ciento si también se considera el Fondo para Obras de Infraestructura, que se recauda con Ingresos Brutos y que fue creado por el gobernador Juan Schiaretti para cubrir la eliminación de la tasa vial y tapar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
La Provincia calcula que la medida tiene un impacto fiscal de 1.800 millones de pesos anuales, es decir, alrededor de cuatro a cinco por ciento del aporte total que hace Ingresos Brutos, que a la vez es la principal vía para pagar los gastos corrientes.
Con la eliminación, el fisco local también debería readecuar el régimen de percepción y retención, ya que de lo contrario generará créditos para las empresas.
Para compensar, Finanzas trabaja en un esquema que combina una suba impositiva sobre el juego y una mejora en la administración tributaria, que en rigor está alineada con un cambio en el sistema de pago a la nueva empresa que ayude en la gestión impositiva, al finalizar el contrato con Kolektor.
Pero en el fondo, lo que realmente dejará tranquilo al gobernador Juan Schiaretti es cerrar un acuerdo definitivo por la Caja de Jubilaciones. La Provincia le pide 7.000 millones de pesos anuales a la Nación para su sistema previsional.
También espera que Macri cumpla con los compromisos de fondos para obras públicas cofinanciadas por ambas jurisdicciones.
La definición sobre esos dos puntos, en especial el de la Caja, terminará por afinar los números del presupuesto provincial de 2018, que llegará a la Legislatura casi al filo del 15 de noviembre, cuando vence el plazo legal.
Igual, trascendió que en los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) habrá una actualización que seguirá el termómetro inflacionario, al igual que la pauta que se planteará como movilidad salarial.
Fuente: La Voz